Sin embargo, los resultados recientes arrojan dudas sobre la eficacia de las políticas implementadas. La caída de España en el Women, Peace and Security Index, desde la quinta posición en 2017 hasta la vigésimo quinta en 2025, es una señal preocupante y paradójica: ¿cómo es posible que el «Gobierno más feminista» haya visto descender tanto la posición de nuestro país en este ranking internacional? El índice, elaborado por el prestigioso Georgetown Institute for Women, Peace and Security, mide tres pilares esenciales: Seguridad, Inclusión y Justicia, todos ellos ámbitos en los que el Ejecutivo ha prometido grandes avances. Esta bajada no puede entenderse sólo como una cuestión de estadísticas, sino como un síntoma de una desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven muchas personas.
A la vista de los datos, cabe cuestionar si las políticas y reformas lanzadas bajo el paraguas del feminismo han logrado sus objetivos o si, por el contrario, han generado más división y controversia. La ley del «sólo sí es sí», lejos de ser un consenso social, ha sido objeto de fuertes críticas y consecuencias imprevistas, como la reducción de condenas para agresores sexuales.
Por otro lado, la polémica de las pulseras antimaltrato y la falta de acuerdo dentro del propio movimiento feminista —especialmente en cuestiones trans y el abolicionismo— han contribuido a una sensación de fractura y desconcierto. El Gobierno ha actuado con prisas en la aprobación de leyes, sin el necesario diálogo social, lo que ha derivado en improvisación y errores graves. Además, la tendencia a polarizar el debate público ha dificultado la construcción de consensos y ha dejado fuera a voces críticas, empobreciendo el pluralismo y el debate democrático.
No se puede olvidar, tampoco, el uso recurrente del feminismo como herramienta política para tapar otros problemas estructurales, como el desempleo, la precariedad y la falta de recursos en educación y sanidad. Muchos observadores han señalado que los avances en igualdad se han visto más en el ámbito de la imagen institucional que en la vida cotidiana, donde persisten brechas salariales, violencia de género y discriminaciones sutiles. El feminismo institucional, impulsado por Sánchez, ha sido criticado por centrarse en medidas simbólicas y campañas mediáticas, más que en soluciones profundas y eficaces.
Y para terminar, en este 8-M, con manifestaciones alternativas de uno y otro grupo, con los socialistas por un lado y los ultraizquierdistas por otro, cada uno de ellos diciendo que las feministas son ellas. Y eso sí, todos ellos presumiendo de progresía de salón ¿podemos considerarnos realmente pioneros en feminismo si, tras años de políticas autoproclamadas como progresistas, hemos caído veinte puestos en el índice mundial de seguridad, inclusión y justicia para las mujeres? Quizá sea el momento de repensar estrategias, de escuchar más voces diversas y de poner el foco en la efectividad real de las medidas adoptadas, más allá de los discursos y los gestos simbólicos. El reto es pasar del feminismo de las palabras al feminismo de los hechos, donde la igualdad se traduzca en avances reales y sostenibles.
Pero, ¿es posible ese cambio cuando el que gobierna es el mayor trilero mentiroso del mundo? Mucho me temo lo peor, y que en el momento que no le interese el tema de cara a seguir en La Moncloa apartaría de su lado a todas las defensoras de estos temas como ya hizo con Montero o Calvo.
