Entre estas enmiendas se encontraba la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 M€ y un mínimo de un millón las multas a empresas que participen en un cártel. También se incrementaba de 60.000€ a 400.000 a multa a los directivos participantes.
La presidenta de la CNMC también subraya a necesidad de aprobar otra enmienda en la regulación de la Autoridad del Cliente Financiero, que permitía al organismo conseguir una mayor independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores y no solo por funcionarios del subgrupo A1.
El Gobierno aprovechó la tramitación de esta norma para satisfacer algunas de las demandas que el organismo reclamaba desde hace años, como la ampliación del plazo general del procedimiento sancionador de 18 a 24 meses, y el de la segunda fase de control de concentraciones, que pasa de 2 a 3 meses. «Cuando haya un Gobierno formado voy a recuperar esas enmiendas, porque es el culmen y resolución de problemas de gestión interna de la institución».
