“Catalunya está lista para el reencuentro total, por eso defiendo hoy la amnistía”, aseguró el presidente en funciones, tras reconocer que no estaba en sus planes dar este paso ahora mismo. Ni figuró en su programa electoral ni tampoco se dejó la puerta abierta a una medida de este tipo en la pasada legislatura. Más bien al contrario, puesto que siempre se consideró que la amnistía desbordaba el marco constitucional.
¿A que se debe el cambio de posición? Sánchez defendió que había que hacer «de la necesidad virtud». Las elecciones generales del pasado 23 de julio, explicó, lo cambiaron todo, ya que sus futuros socios (de Sumar a Junts, pasando por ERC, el PNV y Bildu) defienden la amnistía del ‘procés’. Sin ella, dijo, no habrá «Gobierno progresista».
Sánchez ofreció otros argumentos: el resultado de los comicios en Catalunya, donde el PSC fue primera fuerza, obteniendo 19 diputados y logrando más votos que todos los partidos independentistas juntos. Ese desenlace, señaló, «prueba» que la política territorial desplegada en la comunidad autónoma, empezando por los indultos a los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O, «ha tenido un efecto mayor del que podía suponerse». Es decir, lejos de alimentar al independentismo, como afirma la derecha, las iniciativas de «reencuentro» sirven para que el apoyo a estas formaciones disminuya, según su tesis. Así que la amnistía, concluyó, también debe aprobarse «en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles».
Sánchez se apoyó en varias ocasiones en los indultos, aprobados en 2021, para impulsar ahora la amnistía. Los primeros, argumentó, «desinflamaban, pero no resolvían el problema». El carpetazo judicial que el PSOE negocia ahora con republicanos y posconvergentes, y que según fuentes de todas las partes implicadas ya se encuentra diseñado casi por completo, supondrá el «reencuentro total», pero «no es un fin en sí mismo ni es el final de camino».
«Es un medio para avanzar en la convivencia», añadió el líder socialista, que aquí pasó a dirigirse a quienes dudan de este mecanismo. Entre otros, una parte importante del electorado socialista, que hasta las elecciones de julio había escuchado cómo Sánchez rechazaba la amnistía por ser contraria a la Carta Magna, la vieja guardia del partido, empezando por Felipe González, y algunos de los actuales líderes territoriales, como Emiliano García-Page. A todos ellos el presidente en funciones les dijo que la proposición de ley del PSOE, que en principio registrará junto a Sumar y los partidos independentistas, será «plenamente constitucional».
Y si algo así no lo hacen los socialistas, añadió horas más tarde, ya a puerta cerrada, no lo «hará nadie». Desde luego, no el PP, cuya «línea de acción», acusó, «consiste en echar leña al fuego, para ver si abrasan a los progresistas y le sirve de combustible para alcanzar el poder».
«Nos hayamos ante un paso discutible, yo lo sé, como lo fueron los indultos. Y entiendo a quienes sienten ese desgarro. Me hago cargo de ello, pero nuestra responsabilidad es dar ese paso, porque no podemos dejar que el pasado nos cierre las puertas al futuro. Existe una amplia mayoría en el Parlamento que secunda esta iniciativa. Con acuerdos y con generosidad es como nos hacemos más fuertes. Con la amnistía haremos que muchos catalanes se vean más identificados con nuestro proyecto común, que es España», dijo Sánchez durante su discurso inicial.
Pero Sánchez también ofreció otro tipo de motivos, mucho más utilitaristas. La amnistía, señaló, «es condición para un Gobierno de progreso que evite uno del PP y Vox». Sin ella, habría que repetir elecciones, al ser imposible el pacto con el independentismo catalán, subrayó el presidente en funciones durante el comité federal que aprobó la consulta para que los militantes avalen expresamente el reciente acuerdo de coalición con Sumar e implícitamente la amnistía.
A partir de ahí, los acuerdos con las formaciones necesarias para la reelección de Sánchez (ERC, Junts, Bildu, el PNV, el BNG y quizá también Coalición Canaria) se presumen inminentes. Irán «en cascada», resumen los colaboradores del presidente. Su deseo es que el debate de investidura tenga lugar en la segunda semana de noviembre, pero hasta ahora no han querido fijar un día para que el partido de Carles Puigdemont, el más reacio al acuerdo, no se vea excesivamente presionado. Sin embargo, ahora que las piezas empiezan a encajar, fuentes de la dirección del partido avanzan que probablemente a finales de la semana que viene, después de la princesa Leonor jure el miércoles la Constitución en el Congreso, se conozca la fecha del debate de investidura.
Los socialistas, en cualquier caso, se muestran cada vez más optimistas sobre la reelección de su secretario general al frente del Ejecutivo. A pesar de la complejidad del escenario, y de que la amnistía en sí misma no suscita entusiasmo en los territorios socialistas, el comité federal, que transcurrió a puerta cerrada tras el discurso en abierto del presidente en funciones, fue cualquier cosa menos abundante en críticas al secretario general. Esos tiempos pasaron una vez que Sánchez recuperó en 2017 el liderazgo del PSOE. Ahora nadie discute su autoridad.
Aun así, García-Page tomó la palabra para exponer su oposición a la amnistía. El presidente de Castilla-la Mancha, uno de los escasos mandatarios autonómicos socialistas que conservó el poder en las elecciones del 28 de mayo, argumentó, según fuentes de su entorno, que la medida no solo tiene un difícil encaje en la Constitución, sino que «choca» con el proyecto político del partido. También vaticinó que gobernar en esta legislatura, marcada por la dependencia casi absoluta del independentismo catalán, será una «tortura». El expresidente valenciano, Puig, le contestó poco después. La «tortura», dijo, sería un Ejecutivo del PP y Vox.
La inmensa mayoría de los líderes territoriales socialistas son conscientes de lo arriesgado de la apuesta. También el primer secretari del PSC, Illa. Pero creen que no hay más alternativa. «Quien no quiera tener un accidente, que no conduzca -señaló Illa, según fuentes presentes en el encuentro-. Quien no quiera tomar decisiones que no se dedique a la política».