La vicepresidenta Montero, ha presentado hoy la propuesta de nuevo modelo de financiación, que recoge los criterios de reparto de los recursos públicos entre las comunidades autónomas. El nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 se estiman en 224.507 millones. En el último año liquidado, que corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación. En rueda de prensa Montero ha destacado que el modelo propuesto es beneficioso para el conjunto del sistema autonómico porque aumenta los recursos autonómicos para blindar el Estado de Bienestar, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial, incrementa la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta y recoge las siguientes:
• Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.
• Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.
• Se amplia, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.
• La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.
• La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.
• El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático
• Garantía de statu quo, por el que ninguna CCAA recibe menos que con el anterior modelo.
• Mecanismo complementario de financiación
Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación. Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar. Como ha recordado Montero, el Gobierno abrió el pasado mes de febrero con las comunidades un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, dejando atrás los siete del
– Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. Y, además, se introducen otros dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5%.
– Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%.
Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social. Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación: • Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6% de la ponderación. • Dispersión. Tiene un peso del 0,5%. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas. • Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo.
• Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4%, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población. Incremento de la capacidad tributaria La mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía.
Actualmente, la capacidad tributaria de las comunidades se determina por la recaudación normativa de los siguientes impuestos:
• El 50% del IRPF y el IVA.
• El 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e Hidrocarburos.
• El 100% de Impuestos como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el Impuesto sobre la Electricidad.
Este nuevo modelo de financiación plantea un incremento de esa capacidad tributaria, facilitando así que dispongan de más ingresos y una mayor autonomía fiscal. En concreto, los recursos aumentarán en casi 16.000 millones en 2027.
Eso si Montero ha destacado que este modelo mejora la equidad en la medida en que las diferencias entre la comunidad con más y con menos recursos por habitante ajustado pasa de 1.500 euros con el modelo actual a 477 euros con el sistema propuesto antes de la fase de statu quo. Tras la corrección para que ninguna comunidad reciba menos dinero que con el anterior modelo, las diferencias se sitúan en 700 euros. Es decir, se reduce a la mitad el diferencial que arroja el modelo vigente. La vicepresidenta ha insistido en la idea de que la propuesta del Gobierno beneficia a todas las comunidades autónomas. Y ha avanzado la voluntad del Ejecutivo de habilitar un tramo específico en el Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de las CCAA y garantizar una aportación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúen por debajo de la media en la financiación por habitante. Montero ha defendido que esta medida tiene una lógica económica evidente.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que la
propuesta del Ejecutivo incrementa la solidaridad interterritorial, eleva la autonomía y la corresponsabilidad
fiscal y reduce las diferencias en financiación por habitante
La cesión del IRPF aumenta del 50% al 55% y, la del IVA, pasa del 50% al 56,5%
Se establece un mecanismo transparente de solidaridad interterritorial que garantizará una mayor equidad y
beneficiará a las comunidades con menor capacidad tributaria
La Administración central aportará más recursos al sistema, demostrando nuevamente su compromiso con
todas las comunidades
Los gobiernos autonómicos podrán voluntariamente recibir una parte del IVA que generen las pymes en su territorio, lo
que supone un incentivo al desarrollo empresarial
El modelo incluirá un fondo de 1.000 millones para hacer frente a los desafíos del cambio climático
Hacienda ha trasladado la propuesta a las comunidades autónomas, que evaluarán el nuevo modelo en un Consejo
de Política Fiscal y Financiera
La cartera liderada por María Jesús Montero se compromete a reformular el sistema de entregas a cuenta para ganar en
agilidad y propone un sistema de caja compartida en el IRPF y otros tributos
El modelo incorpora una cláusula de statu quo que garantiza que no habrá ninguna comunidad que pierda
recursos
