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  DESTACADO PORTADA  FINANCIACION: Maroto se queda sola con Cataluña
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FINANCIACION: Maroto se queda sola con Cataluña

Todos los consejeros autonómicos que han participado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo Cataluña, han expresado a la ministra de Hacienda, Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica, alegando que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno y ERC, a la vez que han amenazado con llevarlo ante la Justicia.

RedaccionRedaccion—14 de enero de 20260
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Así se han ido expresando los representantes autonómicos en declaraciones a los periodistas tras más de cuatro horas de reunión, en las que, según los consejeros, la ministra Montero les ha trasladado lo mismo que hizo el viernes pasado en rueda de prensa.

«Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas», ha proclamado el consejero murciano Marín.

Y es que las once comunidades gobernadas por el PP, Canarias y las dos socialistas –Castilla-La Mancha y Asturias– han transmitido a Montero su rechazo a este nuevo modelo de financiación autonómica esgrimiendo que está «precocinado» por el pacto previo entre el jefe del Ejecutivo, y el líder de ERC.

Durante la reunión, Montero ha trasladado a las comunidades que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntario y que próximamente mantendrá reuniones bilaterales con las comunidades, aunque se ha encontrado en esta cumbre un rechazo explícito de todas las administraciones de régimen común, salvo Cataluña. Por todo ello, el consejero murciano ha desvelado que todas las regiones han pedido a la ministra Montero que «recapacite» y que vuelva a la senda de la multilateralidad. «Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va en una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella».

La consejera madrileña Albert ha insistido en expresar su rechazo frontal a este modelo, desdeñando también el anterior sistema de financiación autonómica y exigiendo al Gobierno central que presente una propuesta multilateral «que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras». Al ser preguntada por si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se plantea llevar este nuevo modelo de financiación al Tribunal Constitucional en el caso de que se acabe aprobando, la consejera Albert ha dicho que no, pero que utilizarán «todos los recursos legales» que tengan a su alcance.

El consejero socialista de Castilla-La Mancha Ruiz Molina ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando trasladar el «chantaje» que le han hecho los independentistas hacia las comunidades autónomas. El representante del Ejecutivo de García-Page ha centrado su crítica en la intención de Hacienda de que este modelo sea voluntario: «Nos están diciendo que si lo aceptamos, tenemos 1.248 millones más y si no lo aceptamos pues lo perdemos». También cree que las reuniones bilaterales con las comunidades son para dar «la apariencia» de que existe multilateralidad, cuando, según ha dicho, el modelo que se ha presentado «ha sido fruto de la bilateralidad» con ERC.

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Llamedo ha advertido antes del Consejo de Política Fiscal que no le han gustado las formas empleadas hasta ahora por el Gobierno central y ha rechazado adherirse a un acuerdo que califica de «plato precocinado», por lo que ha pedido que se abra una negociación en pie de igualdad con todas las CCAA.

El consejero gallego del ramo, Corgos, ha lamentado un modelo «a la carta» elaborado «a espaldas» de las comunidades autónomas y ha manifestado la disposición de Galicia para elaborar «un nuevo modelo» entre todos los territorios. Corgos, que ha dicho sentir «decepción» tras la reunión, ha manifestado que la cifra de financiación para Galicia es «funesta». «Pasamos a estar financiados muy por debajo de la media, y esto no lo podemos aceptar porque necesitamos recursos adicionales como todas las demás, para financiar el incremento de costes de Sanidad y dependencia», ha agregado.

En una línea similar, la consejera extremeña Manzano ha afeado la «ausencia de respeto institucional» que, a su juicio, ha mostrado la ministra durante el encuentro, a quien «no le importa» el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino «mantener a Sánchez en el poder».

Manzano, que ha sugerido que Montero ha propuesto más financiación para Andalucía porque «dentro de muy poquito va a intentar ser presidenta» de esa autonomía, en alusión a su candidatura en las elecciones andaluzas, ha acusado a la ministra de romper las «reglas constitucionales» negociando el nuevo modelo con ERC.

De la misma forma, la consejera canaria Asián ha vaticinado que las regiones no tendrán mucho margen para realizar sus aportaciones al futuro modelo de financiación, en tanto que la ministra les ha trasladado que ya tiene «preparado el texto» del anteproyecto de Ley.

Como novedad de la exposición de la ministra destacar que Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria. Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los consejeros autonómicos presentes en el encuentro que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

Tras esas reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.

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