«Yo lo que pienso, obviamente, no es que están borrando cosas, sino que están mirando (…) ¿Pero qué es lo malo, de raro o de relevante para la causa que una vez que le habían devuelto el teléfono…? Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el Código Ético. Y ese es el tema», ha indicado Viada.
El veterano fiscal se ha pronunciado en estos términos ante el juez Hurtado, instructor del asunto penal que pesa sobre García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contenidos en varios correos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha declarado a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de la que fue portavoz.
Cabe recordar que al comparecer como testigo, Viada estaba obligado a decir la verdad en respuesta a las cuestiones que le planteasen tanto el juez Hurtado, como la Fiscalía (representada por la propia Ángeles Sánchez Conde, una de las fiscales implicada en el asunto, aquel 30 de octubre) y las acusaciones que ejercen el supuesto perjudicado González Amador, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el sindicato Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y la propia APIF.
«He contado lo que yo vi y nada más (…) En un momento puntual vi a la fiscal del asunto con el fiscal general de Estado, pues consultando un teléfono. Entonces, a mí me llamó la atención el contexto, más que el hecho mismo, porque eso no tiene ninguna importancia. Obviamente, yo no puedo saber ni qué miraban, ni de quién era el teléfono, ni ningún detalle por el estilo», ha manifestado a la prensa a su salida del TS.
Viada ha querido dejar claro que, «al margen de ese episodio», siempre se ha llevado «muy bien» con Sánchez Conde «en lo personal». «Por esto no es agradable para mí, ni para ella, estar en estas situaciones. Pero, oiga, la verdad es la verdad, yo es lo que vi», ha afirmado.
La APIF pidió en ese mismo escrito que se recabaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) pero desde la sede institucional, situada en la madrileña calle de Fortuny se aclaró al Tribunal Supremo que no existen tales dispositivos en el interior de la sede del Ministerio Público, por lo que era imposible conseguir tales imágenes.
En cualquier caso, el acta levantada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) durante el registro en el despacho de García Ortiz evidenció que la escena atestiguada se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hubiera copiado el contenido íntegro del móvil del fiscal general del Estado, según las fuentes próximas a la causa consultadas por este diario.
