Para los siete vocales disconformes, que según las fuentes consultadas se han negado a votar, García Ortiz estaba obligado a aplazar la designación mientras siguiese imputado, dado que este fiscal de Sala será precisamente el encargado de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que le investiga el Tribunal Supremo (TS) por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Dado que el fiscal general se ha negado a desistir del nombramiento, los seis vocales de la Asociación de Fiscales y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se han negado a participar en la votación, según esas mismas fuentes, aunque sí lo han hecho en el resto de nombramientos. Entre ellos, el del fiscal de Sala de Delitos Económicos, puesto para quien García Ortiz propondrá a Rodríguez Rey.
Sánchez Ulled fue el fiscal del «caso Palau» y del «caso 9N» (la consulta soberanista en Cataluña en 2014) y exfiscal de Anticorrupción en Barcelona, y ha trabajado durante muchos años en Bruselas como consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la UE. En la terna figuraban otros cinco candidatos, entre ellos el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell; y Virna Alonso, fiscal decana de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid.
La AF cuestiona la creación de la nueva fiscalía especializada, que entiende que puede colisionar con la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, según informa la Fiscalía General del Estado, tanto esta fiscalía como la de Delitos Económicos se crean «en el marco del Plan de Regeneración Democrática», aprobado por el Gobierno en septiembre del pasado año, y «reforzarán la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción, una fiscalía especial que se ha convertido en un referente.
