La Fiscalía ha pedido al juzgado de instrucción que abra diligencias por la incomparecencia del presidente de Acciona, Entrecanales, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a la que fue llamado en dos ocasiones, una el pasado enero y otra en febrero. La Fiscalía plantea abrir las diligencias por un posible delito de desobediencia y pide que se cite a Entrecanales como investigado, según informa este miércoles Diario de Navarra.
El presidente de Acciona ha sido citado dos veces a comparecer en dicha comisión, en concreto los días 20 de enero y 9 de febrero, y ninguno de los dos días acudió a la sede del Legislativo navarro. En ambas citaciones, Acciona ha enviado a dos representantes de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y al también directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia de su asistencia en el registro del Parlamento.
En este proceso, Acciona remitió además un escrito a la Cámara en el que trasladaba que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente podría «no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación», al entender que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.
La compañía también consideraba que «la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual», y afirmaba que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona señalaba que la convocatoria «podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital».
La Fiscalía considera, sin embargo, según la información publicada por Diario de Navarra, que la incomparecencia de José Manuel Entrecanales «carece de justificación» ya que «había sido advertido expresamente por el propio Parlamento» de que ni su escrito de alegaciones ni la presencia de los dos directivos que envió la compañía «podían suplir su comparecencia personal».
Según la Fiscalía, ni el criterio propio de Entrecanales ni el de los servicios jurídicos de Acciona «amparan la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no solo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento» la «sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión», con «la circunstancia añadida de que el señor Entrecanales fue expresamente apercibido, en ambas citaciones, de las posibles sanciones penales que podía depararle su incomparecencia en sede parlamentaria»
