La Fiscalía Europea quiere que el Tribunal Supremo le informe «sin dilación» de los contratos por los que está investigado Santos Cerdán, en prisión provisional por el «caso Koldo» desde el pasado 30 de junio. Así se lo ha hecho saber al alto tribunal en un suplicatorio que supone el primer paso para, en su caso, reclamar la competencia para investigar al ex secretario de Organización del PSOE, imputado po r delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
En ese escrito que firman las fiscales delegadas Olga Muñoz y Laura Pellón, la Fiscalía Europea insta al magistrado Leopoldo Puente a que le detalle «el objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados».
Con esa información, precisará si esas adjudicaciones de obra pública bajo sospecha se financiaron con fondos de la Unión Europea, pues en ese caso recabaría el procedimiento al alto tribunal.
En julio del pasado año, el Supremo ya rechazó la pretensión de la Fiscalía Europea de asumir todo el «caso Koldo» después de aglutinar la investigación de los contratos adjudicados por los gobiernos balear y canario -cuando los presidían la actual presidenta del Parlamento, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres- para la compra de mascarillas en pandemia por estar financiados con fondos comunitarios.El alto tribunal resolvió así el conflicto de competencia planteado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a quien la Fiscalía Europea había reclamado la causa.
El Supremo argumentó entonces que el objeto de la investigación era «la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales», con la supuesta intervención de cargos públicos y cuyas ganancias ilícitas cometiendo delitos de blanqueo y de fraude tributario. Pero precisó que no apreciaba una afectación de los fondos de la UE «que, por su dimensión, pudiera justificar la intervención de un órgano supranacional como la Fiscalía Europea».
En ese momento el Supremo esgrimió también que la instrucción del procedimiento en la Audiencia Nacional se encontraba en un estado avanzado, por lo que dada su «evidente complejidad» el cambio de competencia «podría mermar su ritmo y eficacia». Asimismo, señaló que no cuenta con «una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos» que la Audiencia Nacional para investigar los hechos.
Y apuntó que solo podría asumir la causa en el caso de que se apreciara que los delitos investigados están «indisociablemente vinculados» con un fraude a los intereses de la UE, lo que descartó en este caso.
