Así se asegura en la Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado, que fue presentada este viernes en el acto de Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo. En la Memoria se alude a que cada vez proliferan más los casos en los que el denunciado borra inmediatamente el mensaje tras ser leído por la víctima. En concreto, la Fiscalía de Lleida destacó que esta práctica busca impedir que la víctima pueda aportar el mensaje como prueba en el procedimiento judicial, aunque el rastro que deja como «mensaje eliminado» está sirviendo para corroborar la versión de la víctima.
El informe señala que la huella digital del mensaje borrado constituye una evidencia suficiente para demostrar el delito, especialmente en casos de quebrantamiento de condena, lo que está permitiendo avanzar en investigaciones donde antes existían dificultades probatorias.
Se da la circunstancia de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, está procesado por presunta revelación de secretos y en la causa consta que borró los mensajes de su móvil que luego le pidió el instructor. Al mismo tiempo, la Memoria alerta sobre los obstáculos para determinar la autoría en redes sociales como Instagram o Facebook, donde los mandamientos judiciales a las empresas proveedoras suelen demorarse excesivamente o resultar infructuosos.
La única alternativa en estos casos es que la víctima reconozca al autor por su foto de perfil, aunque frecuentemente el denunciado utiliza imágenes donde aparecen ambos, complicando la identificación.
Las fiscalías provinciales de Teruel y Guipúzcoa han detectado un aumento considerable de casos de acoso a través de WhatsApp, destacando la intranquilidad que genera en las víctimas recibir llamadas desde números desconocidos tras bloquear el contacto del agresor.
Los fiscales insisten en la importancia de realizar el cotejo del material probatorio durante el servicio de guardia o al inicio de la instrucción, para evitar que la víctima alegue posteriormente la pérdida o rotura del dispositivo móvil.
La Memoria advierte sobre la especial dificultad para probar casos donde el agresor suplanta la identidad de la víctima en redes sociales, así como el desafío que supone examinar transcripciones de WhatsApp que pueden ocupar cientos de folios. El informe constata que la mayoría de estos delitos afectan a población joven o adolescente que no es consciente de los peligros y tiende a banalizar los riesgos, especialmente en aplicaciones como Badoo, OnlyFans o TikTok.
La falta de personal especializado y la obsolescencia de equipos tecnológicos dificultan la eficacia de la respuesta judicial ante la delincuencia digital, según señala el documento.
Los fiscales advierten que la volatilidad y naturaleza transfronteriza de las pruebas digitales complican su obtención y conservación, lo que requiere una actualización constante de recursos y conocimientos.
