Para ello, los expertos de la entidad plantean suprimir el mínimo exento y las deducciones autonómicas. Con tal motivo, la recaudación se elevaría considerablemente, ya que pasaría del 0,5% más rico al que llega ahora al 1,2%.
A través de un estudio elaborado por García-Rodríguez (Universidad de Alcalá y Fedea) publicado este lunes, han elaborado distintas simulaciones de distintas configuraciones del Impuesto de Patrimonio en España y los efectos redistributivos y sociodemográficos que tendrían.
A día de hoy, el fisco español aplica un mínimo exento fijado por el Estado en 700.000 euros. Aun así, las comunidades autónomas tienen cedida la gestión y regulación de esta tasa, por lo que pueden ajustar o bonificar el impuesto dentro de sus territorios. La mayoría de las regiones bajo el régimen fiscal común aplican este mínimo exento fijado en la norma estatal, salvo Madrid, Andalucía o Extremadura, que lo bonifican al 100%, por lo que las grandes fortunas afincadas en este territorio no tienen que pagarlo. Por su parte, Baleares establece el mínimo exento en tres millones de euros y la Comunidad Valenciana, a partir de junio de este año, lo fija en un millón de euros. Cataluña, por su parte, lo fija en 500.000 euros.
La configuración actual del tributo «condiciona no solo la capacidad recaudatoria del impuesto y su progresividad formal, sino también el perfil efectivo de sus contribuyentes y su impacto redistributivo», señala García-Rodríguez en el informe. Asimismo, el autor recuerda que la literatura económica ya mencionó en muchas ocasiones que «la cesión de competencias a las comunidades autónomas y la elevada cuantía del mínimo exento son los principales factores que limitan la eficacia de la imposición patrimonial en España».
A través de diversas simulaciones, los resultados fueron claros: «Los sistemas con un mínimo exento elevado y amplias bonificaciones autonómicas centran la carga tributaria en la cola alta de la distribución, generando una progresividad aparente elevada, pero una redistribución efectiva muy limitada, debido al escaso número de contribuyentes alcanzados», dicen.
En cifras, según los resultados de la investigación, la eliminación de únicamente el mínimo exento de este impuesto subiría la recaudación de los 1.081 millones actuales a los 4.716 millones, ya que adelanta la entrada efectiva del impuesto al percentil 98,8, es decir, a ese 1,2% de personas que más patrimonio tienen en España. «La eliminación del mínimo exento desplaza el umbral de entrada al impuesto hacia tramos más bajos de la distribución y aumenta de forma significativa la incidencia en la cúspide», reza el documento.
Otro modelo de simulación está basado en suprimir únicamente las bonificaciones autonómicas, manteniendo ese mínimo exento. En este caso, la recaudación sería muchísimo mayor, ya que ascendería hasta los 6.393 millones de euros. «Mejora tanto la progresividad como la incidencia agregada», resaltan.
Finalmente, el modelo ideal planteado por Fedea sería la de acabar con ese mínimo a la vez que se suprimen las bonificaciones autonómicas. En concreto, la recaudación sería de casi 8.000 millones de euros (7.922). Este modelo presenta una figura impositiva mucho más progresiva y todavía más contribuyentes entrarían a pagar esta tasa. En concreto, pasaría a alcanzar al 1,3% más rico. En este sentido, reiteran que «genera una estructura mucho más progresiva».
García-Rodríguez asevera en su análisis que estas tres simulaciones evidencian que «las reformas graduales y técnicamente viables» podrían fortalecer «notablemente» la capacidad redistributiva de este impuesto sin necesidad de cambios radicales en la Administración Pública.
La conclusión del experto es que estos modelos logran una redistribución mayor, al incorporar más declarantes «sin debilitar el componente vertical del impuesto». Desde el punto de vista formal, eliminar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio sería una medida mucho más sencilla desde el punto de vista administrativo y político. Este umbral se establece a nivel estatal y su supresión solo requeriría modificar la ley central y se aplicaría a todas las CCAA que están bajo el régimen general de manera inmediata.
En contraste, suprimir las bonificaciones autonómicas sería un reto mayúsculo, ya que cada comunidad debería modificar su propia normativa, lo que implica coordinación política a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, generaría bastantes resistencias por parte de muchos ejecutivos regionales, sobre todo en aquellas que utilizan estas bonificaciones para atraer o retener patrimonios elevados.
