El departamento ha perfilado ya el borrador de un nuevo pliego para los contratos de conservación y explotación integral de las carreteras estatales que implica la supresión total de los criterios de juicio de valor. Una medida rechazada por el sector privado por convertir las licitaciones, a su juicio, en una suerte de subasta en la que el precio será el factor decisorio. Transportes asegura, sin embargo, que se mantiene el modelo de calidad-precio y defiende que en ningún caso se convierte en una subasta. «La calidad sigue teniendo peso relevante, pero ahora se mide de forma… cuantificable», sostiene.
La secretaria general de Transporte Terrestre, Báguena, y el director general de Carreteras, Fernández Palomino, se reunieron con las asociaciones más representativas de la construcción y la conservación: CNC, Seopan, Anci y Acex. En el encuentro trasladaron los detalles del futuro pliego para conservación de carreteras. Las organizaciones ya han recibido la propuesta y tienen ahora 10 días para presentar alegaciones.
Los altos funcionarios expusieron que la remodelación del pliego en los contratos de obras de carreteras continúa bajo análisis, aunque con una intensidad menor a la de hace unos meses, toda vez que han identificado algunas dificultades para introducir cambios como en conservación. A este respecto también influye la oposición de Adif a adjudicar las obras por precio. El gestor ferroviario, el mayor contratista de España, se alineó así con las empresas. Desde el sector privado entienden que ante este escenario la intención del Ministerio de modificar la forma de contratar proyectos de construcción quedará enterrada.
La propuesta de pliego para los servicios de conservación de carreteras busca objetivar al máximo las licitaciones. Así, de acuerdo con la documentación elaborada por el Ministerio se elimina la valoración subjetiva y todos los criterios de calidad se valoran mediante fórmulas objetivas. Con ello, Transportes considera que «se garantiza mayor transparencia, igualdad y objetividad en la evaluación», al tiempo que se dota de «mayor agilidad» al proceso de licitación y adjudicación
El borrador recoge un cambio sustancial en la ponderación de criterios. Así, el pliego actual establece que aquellos que dependen de un juicio de valor pesan el 49%, mientras que los evaluables mediante fórmulas, fundamentalmente la oferta económica, alcanzan el 51%. El nuevo modelo implica que los primeros no tengan ningún peso (0%) y los segundos se hagan con el 100%. Dentro de los criterios evaluables mediante fórmulas, plantea que los cualitativos representen el 40% y los relacionados con el precio el 60%.
En la parte de calidad se tendrán en cuenta las mejoras propuestas por el licitador en conservación de firmes, señalización vertical y horizontal y en seguridad de los trabajadores. Será una valoración lineal según el grado de mejora ofrecida y en el caso de proponer todas las mejoras supondrá un compromiso de inversión adicional del 10 % del presupuesto base de licitación (en otras administraciones ronda el 20%), que se incluirá en el cálculo de la temeridad.
En cuanto a la oferta económica, se fija una fórmula parabólica –frente a la lineal actual– que, según el Ministerio, limita las bajas excesivas, busca ofertas más equilibradas y sostenibles, evitando precios inviables, y propicia que la responsabilidad final siga recayendo en el licitador.
Adicionalmente, se introduce la obligatoriedad para los licitadores de incluir una garantía provisional equivalente a hasta el 3% del presupuesto base de licitación(IVA excluido). Una medida con la que se pretende evitar la concurrencia de ofertas temerarias o poco serias por parte de empresas sin las capacidades suficientes, ya que podrían influir a la hora de fijar el umbral de temeridad. La baja media en las licitaciones de conservación de carreteras se sitúa actualmente en el entorno del 18%.
