Es decir, del total convocado —que ascendía hasta los 46.650 millones de euros—, solo se habían concedido ayudas por valor de 24.225 millones, según el Observatorio fiscal de BBVA Research de junio.
Por su parte, las licitaciones aunque son menores en cuantía, han avanzado más en su grado de ejecución. De los 37.312 millones totales, solo quedan por resolverse el 27%, (10.034 millones de euros). Si se amplía el horizonte de ejecución hasta mayo de 2025, BBVA Research ha concluido que España ha resuelto el 64% de las transferencias planificadas totales, unos 51.503 millones de euros.
Desde el centro de investigación también han calculado que el ritmo de ejecución es muy lento si se quiere cumplir con el 100% del Plan. El ritmo promedio mensual de ayudas y licitaciones se ha situado en torno a 1.200 millones de euros en mayo de 2025. De mantenerse esta velocidad hasta que finalice el plazo en 2026, se habrían completado el 93% de las transferencias planificadas, unos 74.600 millones de euros. Sería sería necesario acelerar el ritmo de ejecución un 23% hasta los 1.500 millones mensuales para alcanzar el 100%, lo que implicaría superar en un 10% el máximo mensual registrado a mediados de 2023.
La deuda se sitúa en el 101,8% del PIB y consolida un descenso del 3,3% en un año gracias a la buena marcha económica
La deuda se sitúa en el 101,8% del PIB y consolida un descenso del 3,3% en un año gracias a la buena marcha económica
La Comisión Europea aprobó los fondos Next Generation en 2020 con el objetivo de ayudar a los países a recuperarse de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Este plan convertía a España en el segundo receptor de fondos más voluminoso de los Veintisiete, por detrás de Italia. Así, España recibiría 163.000 millones de euros, divididos en 80.000 millones en subvenciones a fondo perdido y que, por lo tanto, nunca se tendrían que devolver, y otros 83.000 millones de euros en préstamos. Y aunque el Ejecutivo se negó en un primer momento a solicitar los préstamos a fin de evitar un engrosamiento de la deuda nacional —que entonces se encontraba en el 120%— en 2023 cambió de idea y realizó su primera solicitud.
Además, el desembolso no se haría en un solo pago De acuerdo con el plan europeo, se decidieron imponer hitos y objetivos relacionados con el impulso de la autonomía estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, las inversiones sostenibles de las empresas y el parque de vivienda para alquiler. Así, conforme se fuesen cumpliendo dichos hitos y objetivos, se desembolsarían más pagos.
España llevaba cuatro pagos y según el calendario previsto, iba con retraso en el quinto. Inicialmente planeado para el segundo semestre de 2023, no fue hasta diciembre de 2024 cuando el Gobierno solicitó a la Comisión Europea el quinto desembolso por valor de 25.000 millones de euros. Si se desagrega el pago serían: 16.000 millones en transferencias (quinta solicitud) y 9.100 millones en préstamos (segunda solicitud). Finalmente, Bruselas ha autorizado este lunes el quinto pago aunque ha congelado 1.100 millones de euros por no haber cumplido con alguos hitos.
En concreto, la Unión Europea ha penalizado a España con 620 millones por no solucionar la temporalidad de los interinos, con 460 millones por no poner en marcha el impuesto al diésel y con otros 40 millones ante la falta de digitalización en entidades regionales y locales.
Ante el incumplimiento con Bruselas de la ley de Estabilización del Sector Público de 2021 por el que a 31 de diceimbre de 2024 la temporalidad pública debía situarse en el 8%, la Unión Europea ha castigado a España con 620 millones menos disponibles de los fondos europeos.
Otro de los hitos que solicitó la Comisión Europea fue el de igualar el precio del diesel con el del resto de combustibles. El Ejecutivo intentó tramitar el objetivo a través del Parlamento a finales del año pasado mediante un cambio fiscal por el que se elevaría en 10 céntimos la tributación de este producto. De esta forma, el cambio supondría pasar de 0,307 céntimos de euros por litro a 0,4 céntimos por litro.
Sin embargo, la subida de este gravamen, del grupo del Impuesto Especial de Hidrocarburos, no contó con el apoyo suficiente y fue tumbada en el Congreso. Una circunstancia que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado este domingo a Bruselas a la espera de que la Comisión valore si es suficiente como para no tener que subir este combustible.
