Sin embargo, el destino de estos fondos continúa siendo irregular y con preferencia y destino en la Administración General del Estado (AGE). Así lo recoge el último informe de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) sobre el Plan de Recuperación (PRTR), que confirma que a la AGE han llegado la mayoría de estos fondos comprometidos, por un valor de 41.896 millones mediante convocatorias y licitaciones resueltas hasta el 30 de junio, con una dotación total de 35.501 millones, el 84.73% de lo comprometido, habiéndose adjudicado un total de 27.979 millones, el 78.81% de lo resuelto. Unas cifras que triplican las comprometidas con las comunidades autónomas.
De media presentan un 74,19% de adjudicación sobre lo resuelto, y un 59,01% de resolución sobre lo comprometido, adjudicando hasta ahora 14.662,7 millones. Si se tiene en cuenta el momento en que se ha producido la convocatoria o licitación –o cuando se aprobó la transferencia– y se desglosa por semestres, los analistas de LLYC estiman claras las diferencias en el ritmo de compromiso de fondos, que ya en los dos semestres de 2023 había bajado respecto del año anterior –sobre todo, el del segundo trimestre del 2023–. Pero en el primer trimestre de 2024 se ha reducido de manera aún más significativa y afecta, sobre todo, a las transferencias a las comunidades autónomas, que se han quedado en menos de un tercio de las registradas en 2023 y más de un 66% inferior a las de los dos semestres de 2022. Las licitaciones se quedan en la mitad que en 2023 y casi una cuarta parte de las lanzadas en 2022.
