Así lo pone de manifiesto un auto firmado por el magistrado, que cita a declarar a ambos el próximo mes de diciembre: García-Carrión lo hará el día 4 y Félix Solís, el 11, en ambos casos a las 9 de la mañana. Algunas de las sociedades que componen ambos grupos bodegueros también tienen la calidad de imputados como personas jurídicas, aunque de momento no tienen fecha asignada. Asimismo, las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria también quedan imputadas, al poder haber actuado como “cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en este procedimiento”.
En el caso de Liec, por ejemplo, dice el juez que entre 2019 y 2020 tramitó ante el Consejo Regulador declaraciones de aptitud por un volumen de aproximadamente 23.000.000 libros de vino envejecido de Bodegas Vinartis, propiedad de García Carrión. “No obstante, tal y como consta en los registros de la Denominación de Origen, no dispone de las barricas necesarias para producir esta cantidad en ese periodo de tiempo”.
El juez tambien ha citado a declarar, en calidad de testigo, a Fernando Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha desde 2015. Lo hará el 25 de noviembre. El auto considera que su testimonio, y el de otros cargos de la consejería, puede ayudar a esclarecer el caso, en tanto que es esta conserjería la que debe supervisar y aplicar el reglamento de la DO. El caso acumula más de dos años de fase de instrucción, que ya acumula hasta cuatro prórrogas. La investigación se inició en 2021, después de que dos años antes varias organizaciones agrarias denunciaran los hechos ante la Fiscalía. Desde el inicio, la instrucción señaló a cuatro grupos bodegueros de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas por comercializar de forma fraudelenta una serie de vinos. En la denuncia también estaban incluidas las bodegas Navarro López y Fernando Castro. Sobre estas últimas, el juez instructor ha dictado sobreseimiento provisional de la causa al no “poder inferior que hayan participado en una actividad ilícita”.
En cambio, sí señala a los dos buques insignias de la DO, que desde hace años vive un momento crítico por la guerra civil que se desarrolla en su seno. En el caso de Félix Solís, el auto defiende que vendió vinos tintos de DOP Valdepeñas “con las menciones crianza, reserva y gran reserva” en cantidades “muy superiores a las declaradas al Consejo Regulador”, entre 2017 y 2019. El auto menciona un descuadre de 4,6 millones de litros entre las salidas de vino declaradas al Consejo Regulador y las efectivamente comercializadas a 13 empresas españolas. El juez también ve acreditado el fraude por la imposibilidad de que, con las barricas y botellas que tiene la bodega, no tiene capacidad real para enjecer los vinos en los volúmenes en los que los comercializó con esa característica.
Misma lógica sigue con García Garrión, del que dice que habría vendido vinos “sin cumplir con los requisitos de elaboraicón, mie en periodo mínimo de envejecimiento, nie en la permanencia en barrica de roble, ni en botella”. El descuadre en los vinos con etiqueta gran reserva 2018 es de más de seis millones, entre los declarados y comercializados entre 2017 y 2019. “Los datos puestos de manifiesto evidencian un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado”, lo que supone para el juez “otro importante indicio”. Ambos grupos han llegado a cruzarse respectivas demandas por estos mismos hechos.
No son los únicos problemas que afrontan en el seno de Valdepeñas. En septiembre, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos anunció una serie de denuncias contra ambas ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, por un presunto incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, al pagar los precios de la uva a los viticultores por debajo de los precios de coste.
