Así lo ha hecho el directivo durante la presentación del Observatorio de Pensiones de Grupo Mutua. «Sostener nuestro sistema de pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española», ha declarado Garralda. «Y no lo es tanto por la propia trascendencia del tema en cuestión como por la falta de respuesta clara ante un problema acuciante»,
Para Garralda, «el momento de actuar es ahora», pues España no puede «seguir aplazando la búsqueda de una solución eficaz y duradera». En ese sentido, el directivo ha recordado que «la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público», por lo que, si se quiere mantener y asegurar, habrá que recortar en otras partidas.
«Desde el Grupo Mutua queremos llevar a cabo nuestra aportación a la mejora del sistema, promoviendo el debate constructivo que aporte soluciones imaginativas desde todos los sistemas, aportando herramientas para mejorar la transparencia y la información del ciudadano sobre la situación actual y futura», ha asegurado el presidente del grupo. Además, ha asegurado que su intención es dar «visibilidad a claros ejemplos de mejora en los que nos tenemos que apoyar, como es el caso de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV)».
«Sin sostenibilidad del sistema no hay suficiencia. Las estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones en 2025 ascenderá a unos 216.000 millones de euros y harán falta más de 50.000 millones de euros de transferencias del Estado, es decir, de recursos de fuera del sistema, para pagarlas», ha advertido. «Tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda, incluso en los años de coyuntura económica favorable», ha denunciado. «Adicionalmente, la evolución demográfica, con el envejecimiento de la población y mayor longevidad, añade una fuerte presión sobre los gastos».
Según Garralda, «cada vez hay más personas en edad de jubilación y éstas viven más años, mientras que se produce el efecto contrario en los ingresos, con una reducción de la población en edad de trabajar, es decir, de los potenciales cotizantes».
«Todas las proyecciones demográficas apuntan a que estas tendencias continuarán en los próximos años. Esta realidad pone de manifiesto la urgencia de una reforma profunda del sistema público de pensiones». Para el directivo, es necesario retomar y profundizar en el espíritu reformista de las anteriores reformas, que introducían elementos para tratar de contener el impacto demográfico sobre el gasto en pensiones, tales como el retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los años de cómputo de la vida laboral o el llamado factor de sostenibilidad que finalmente no se llegó a aplicar.
