Aunque el Gobierno defiende que estas mismas medidas fueron aplicadas y validadas en 2022 y que son medidas excepcionales por la crisis de precios y temporales hasta el mes de junio, Gestha recuerda que las rebajas de impuestos a los carburantes «lanzan un mensaje equívoco a los ciudadanos, contrario a las estrategias europeas que pretenden descarbonizar el transporte, dentro del Pacto Verde europeo».
Por otra parte, las rebajas del IVA de la electricidad y del gas tienen también un «riesgo de regresividad e ineficiencia», aunque Gestha señala que los estudios precedentes indican que se produce una concentración de estos beneficios fiscales en los hogares con mayores rentas, aunque es una concentración menor que en los carburantes.
En este sentido, insisten en que las políticas de apoyo frente al encarecimiento de la energía deberían orientarse preferentemente a medidas más selectivas y eficaces, como podrían ser las ayudas dirigidas a los colectivos más afectados, los incentivos al uso del transporte público y a la movilidad eficiente, así como el fomento del teletrabajo en empresas y administraciones públicas para reducir desplazamientos y consumo de combustible.
En definitiva, ante futuros paquete de medidas si la crisis no remite, Gestha valora que la reducción de los impuestos especiales está alineada con las propuestas de la Comisión, pero no deberían renovarse las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos que son aprovechadas fundamentalmente por los hogares de mayores ingresos, que suelen tener un mayor número de vehículos y con consumos más elevados. Alternativamente, Gestha apuesta por seguir reforzando los descuentos del transporte público colectivo, la ampliación del bono social eléctrico, el tope de precio al butano y propano, los incentivos en el IRPF a la compra de vehículos eléctricos, al autoconsumo eléctrico y a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, con programas específicos para los barrios más vulnerables, o la vigilancia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia del comportamiento de las operadoras, incluyendo la restauración de un impuesto a las compañías energéticas por los beneficios extraordinarios que puedan obtener, tal como fue recomendado por la AIE durante la anterior crisis de 2022.
