El relevo en la presidencia de Telefónica certifica que el Ejecutivo quiere influir de manera decisiva en la gestión de las empresas en las que está invirtiendo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y que no se trata de posiciones defensivas o meramente financieras.
Con Telefónica, a cuyo capital el Estado regresó el año pasado con la toma de un 10% y es hoy el primer accionista –su privatización se remonta a 1997–, Moncloa da continuidad a la estrategia implementada en Indra, en la que la empresa pública también es el principal propietario-
Sepi, dependiente de Hacienda, cuenta en la actualidad con participaciones en seis cotizadas españolas: Indra (27,99%), Telefónica (10%), Redeia (20%), Enagás (5%), IAG (2,52%) y Ebro Foods (10,36%). A ello suma el 4,12% en la aeronáutica francesa Airbus. El Estado también tiene presencia en el parqué con Aena, de la que, a través de Enaire (Grupo Fomento), suma el 51%, y con CaixaBank, de la que controla el 18,1% a través del FROB, ligado al Ministerio de Economía.
La valoración de las posiciones del Estado en las ocho cotizadas españolas (todas en el Ibex 35 salvo Ebro Foods) supera los 28.600 millones de euros. La cifra rebasa los 34.000 millones si se incluye Airbus.
Aena emerge como la participación más valiosa del Estado en bolsa. Su 51% se aproxima, con los precios actuales de mercado, a los 15.500 millones de euros. Le siguen CaixaBank, con 7.457 millones; Airbus, con 5.439 millones; Telefónica, con 2.144 millones; Redeia, con 1.701 millones; Indra, con 900 millones; IAG, con 473 millones; Ebro, con 255 millones; y Enagás, con 155 millones.
Cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno por primera vez, el 1 de junio de 2018, las participaciones de la Sepi, Enaire y el FROB en cotizadas españolas totalizaban un valor de 21.934 millones de euros. En estos años, el perímetro ha variado sobre todo por la compra del 10% de Telefónica en 2024, la escalada en Indra desde el 18,71% al 27,99% entre 2021 y 2022 y la absorción por parte de CaixaBank de Bankia (entonces el FROB tenía el 61,38% de la antigua Caja Madrid) y los posteriores incrementos en el accionariado del banco catalán debido a los dividendos y recompras de acciones. A ello se suma la revalorización conjunta en estos ya casi siete años, que se sitúa en aproximadamente el 25%. En términos comparables, la exposición a la bolsa española del Estado ha crecido un 35%.
La presencia del Estado en el capital de estas empresas tiene reflejo en el consejo de administración de todas ellas, con la excepción de IAG. Así, la Sepi cuenta con tres consejeros en Indra (el exministro Miguel Sebastián y los exdiputados socialistas Antonio Cuevas y Juan Moscoso); en Telefónica asoma Carlos Ocaña, jefe de gabinete adjunto de la Oficina Económica de Moncloa en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero y coautor de la tesis doctoral de Pedro Sánchez; en Redeia domina con tres dominicales (Mercedes Real Rodrigálvarez, directora de Participadas de la Sepi, Ricardo García Herrera, expresidente de la Agencia Estatal de Meteorología, y Esther María Rituerto, exconsejera delegada de Navantia) y, además, la presidenta no ejecutiva es la exministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor, aunque con la categoría de otro externo.
En Enagás la Sepi suma dos consejeros (Santiago Ferrer, exdiputado en las Cortes de Baleares, y Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sepi) y también figuran como independientes los exministros socialistas José Blanco y José Montilla (expresidente de la Generalitat de Cataluña) y la exministra con el PP Ana Palacio y como consejero delegado Arturo Gonzalo Aizpiri, antiguo director General de Política Ambiental; en Ebro Foods tiene un representante (Jordi Xuclà Costa, exdiputado por el Convergencia i Unió -CiU).
Asimismo, en Airbus España cuenta con Amparo Moraleda como consejera desde 2015, cuando sustituyó a Josep Piqué, en un nombramiento rodeado de polémica por la oposición de la Sepi y del Gobierno entonces presidido por Rajoy.
Mientras, Enaire suma seis consejeros en Aena. Se trata en su mayoría de técnicos de los ministerios de Transportes (Beatriz Alcocer, María Carmen Corral, Angélica Martínez y Ainhoa Morondo, jefa de gabinete del secretario de Estado, José Antonio Santano), Economía (Manuel Delacampagne) e Industria (Ángel Faus, director de Comunicación años atrás del Grupo Parlamentario Socialista). El presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, que se desempeñó en el pasado como diputado por el PSC en el Parlamento de Cataluña, tiene la categoría de ejecutivo. CaixaBank, por su parte, revela un representante del FROB en su consejo. Se trata de Teresa Santero, que fue secretaria General de Industria con Rodríguez Zapatero.
