En efecto, la vicepresidenta primera ha mantenido ha remarcado la importancia de que los ciudadanos contribuyan con sus impuestos, con lo que parece abrir la puerta a no volver a elevar el mínimo exento.
De hecho, se ha dirigido a la responsable de Trabajo, que defiende que vuelvan a quedar al margen de este impuesto y ha reprochado a Díaz que «hacer discursos populistas no conduce a nada».
«Me gustaría que hiciera hincapié en la pedagogía fiscal, porque ese planteamiento se puede ver muchas veces cuando asistimos al debate público, en el que se demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos», ha explicado la titular de Hacienda.
La número dos del PSOE se posiciona en contra de promocionar este discurso desde una coalición de izquierdas y ha insistido en que no se puede resolver todo con bajadas de impuestos. «Es importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad”.
El Gobierno tomará la decisión definitiva el mismo día que Trabajo lleve al Consejo de Ministros la propuesta de subida del SMI, conocida desde hace una semana, cuando se firmó el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT. Si bien la balanza se inclinará «sabiendo que es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad que es la distribución de la riqueza». Unas declaraciones en las que se puede leer entre líneas que Hacienda no prevé excluir de nuevo a estos trabajadores, en un contexto de recaudación récord.
Lo cierto es que la recomendación elaborada por el grupo de expertos nombrado por Trabajo ya partía de este escenario para estimar cuál debería ser el nuevo SMI en términos brutos. «Este sería el aumento necesario en el caso de no actualizarse el umbral de tributación en el IRPF, manteniéndose, por tanto, el nivel actual de 15.876 euros. Si se aumenta dicho nivel sería necesario recalcular la retención correspondiente al nuevo mínimo, que, al ser mayor, se traduciría también en un menor crecimiento del SMI bruto para un mismo SMI neto» reflejaba el informe compartido por el Ministerio de Trabajo a finales de diciembre. La explicación es que el salario neto tiene que alinearse con el 60% del salario medio, también en términos netos, por lo que este punto es fundamental.
Es por ello que los sindicatos reclamaron al Ejecutivo que despejara esta incógnita antes de cerrar la negociación. No obstante, sus esfuerzos se vieron frustrados porque el equipo de Díaz, que comparte su posición no tiene las competencias para dictar el ajuste del mínimo exento del IRPF o ni capacidad para presionar a Hacienda en este sentido, lo que llevó a CCOO y UGT a extender la presión al ala socialista pero brindar su apoyo al pacto del SMI. El 43% de la subida de 700 euros anuales iría directamente destinado al abono de este tributo.
