El techo de gasto se situará en 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023. Mientras que el déficit del conjunto de las Administraciones será del 3% en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. Unas cifras que forman parte de una estrategia fiscal prudente que garantiza un proceso de consolidación fiscal compatible con el proceso de recuperación y crecimiento económico. Este Acuerdo es un paso clave para elaborar los Presupuestos Generales del Estado 2024, cuya aprobación se prevé para el primer trimestre del próximo año ya que no han podido presentarse antes a causa del calendario electoral y el posterior proceso de investidura. Unas cuentas públicas que perseguirán la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas en plena desactivación de la cláusula de salvaguarda de la Unión Europea, tal y como ha destacado la vicepresidenta Montero. Esta situación lleva a una nueva realidad fiscal, en la que la apuesta por continuar reduciendo el déficit público no impedirá que se sigan impulsando medidas focalizadas en los colectivos más vulnerables y en beneficio de la mayoría social del país. Un escenario avalado por los datos, después de que España haya reducido en dos años su déficit a más de la mitad, al pasar del 10,1% de 2020 al 4,7% de 2022. En total, cerca de 50.000 millones de reducción de déficit, a la vez que se desplegaba un ambicioso escudo social y se incrementaba la financiación de políticas sociales. Por lo que se seguirá la línea de anteriores ejercicios de reforzar el Estado del Bienestar a la vez que se reduce el déficit público.
Bajo esas premisas se ha diseñado este nuevo límite de gasto no financiero, que sin la aportación de los fondos europeos se situará, a nivel ‘nacional’, en 189.215 millones de euros, un 9,3% más que el de 2023, que además contó con una aportación mayor del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo React-EU. Esto supone que el Gobierno sigue apostando por incrementar sus inversiones al margen de las ayudas europeas. Objetivos de déficit Ante el cese de esa situación de excepcionalidad y la vuelta de las reglas fiscales en 2024, el Gobierno ha dispuesto una senda que permitirá perseverar en la consolidación fiscal, al tiempo que se garantizan las políticas públicas. El objetivo del 3% para el conjunto de las Administraciones en ese mismo ejercicio se alcanzará con un mayor esfuerzo de la Administración Central a cambio de flexibilizar la senda para las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL).
En el caso del subsector de las autonomías, tal y como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, se ha establecido un objetivo del 0,1% para 2024, dejando atrás el equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Para 2025 y 2026, las CCAA buscarán el equilibrio presupuestario, dotándolas así de un mayor margen, dado que antes tenían que alcanzar un superávit del 0,1%. Lo que permitirá que desarrollen el Estado del Bienestar.
Para las Entidades Locales se ha obrado de la misma manera, buscando ayudarlas con más recursos para que ofrezcan una mejor atención al ciudadano. Como se acordó ayer en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), los ayuntamientos y demás entes locales ya no tendrán que alcanzar un superávit del 0,2% en 2024 y se situarán en el equilibrio presupuestario. En 2025 y 2026 también se facilitan los objetivos, donde se deja atrás el superávit y se pasa al equilibrio presupuestario.
La Administración Central volverá a asumir un mayor coste en la reducción del déficit, como ya hizo durante la pandemia. De esta forma modifica su senda de una manera exigente para que los otros subsectores tengan más capacidad para fortalecer las políticas públicas que ofrecen una atención directa en educación, sanidad o dependencia al ciudadano. Esto implica pasar del 3% contemplado en el Programa de Estabilidad para 2024 a un 2,7%. En 2025 se continuará reduciendo el déficit hasta el 2,6%, y en 2026 se llegará al 2,5%. Una reducción el próximo año de cuatro décimas frente a las dos de las CCAA o el mantenimiento en equilibrio de las EELL.
Este diseño marcado por el mayor alivio para las autonomías y los ayuntamientos se complementa con que ambas administraciones dispondrán de los mayores recursos de su historia a través del sistema de financiación. Como ya se acordó en el Consejo de Política Fiscal, las CCAA recibirán 154.467 millones de euros, un 14,9% más que se traduce en un incremento de 20.000 millones sobre 2023, que ya fue otro año de récord. Lo mismo sucederá para las EELL, que obtendrán 28.557 millones del sistema de financiación. Una cifra que crece un 22,6% con respecto al montante destinado para este subsector en 2023. Como ha destacado la vicepresidenta cuarta, “tanto las CCAA como las Entidades Locales tendrán el año que viene más margen fiscal y además recursos récord del sistema de financiación”.
Unas circunstancias que, ha recordado Montero, “permitirá que estas administraciones puedan prestar mejores servicios públicos”.
El Acuerdo del Consejo de Ministros incluye los objetivos de deuda pública para el periodo 2024-2026. Un ámbito en el que España también ha destacado, por la constante reducción de la misma que permitió recuperar el PIB prepandemia en 2022 y rebajar la deuda hasta el 111,6%. Lo que permite adelantar a 2023 la reducción por debajo del 110%. Con esta base, en 2024 continuará esa reducción hasta el 106,3% del PIB en 2024, el 105,4% en 2025 y el 104,4% en 2026. Cifras que son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril.
Por subsectores, las Comunidades Autónomas situarán su deuda en el 21,7% en 2024, en el 21% en 2025 y en un 20,3% en 2026. Las Entidades Locales llegarán al 1,4% en 2024 y al 1,3% tanto en 2025 como en 2026.
Junto a lo anterior, el Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Reequilibrio en el que corrigen las desviaciones presupuestarias que se produjeron por el escenario excepcional de los últimos años, con la suspensión de las reglas fiscales tras el estallido de la pandemia de coronavirus. En medio de este escenario, se produjo la invasión de Rusia en Ucrania, que provocó una crisis energética y un incremento de la inflación y el coste de la vida, por el que el Gobierno aprobó medidas de alivio para la población y las empresas por 47.000 millones de euros. El documento recoge la evolución de las finanzas públicas desde esa activación de la cláusula de salvaguarda hasta la actualidad, y en el mismo se recoge la senda de consolidación fiscal que se incluyó en el Programa de Estabilidad en abril. Una dirección que se reiteró en el Plan Presupuestario remitido en octubre, que recibió el respaldo de la Comisión Europea. El Plan, que se remitirá a las Cortes Generales, recoge así la estrategia para asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la deuda española, tal y como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
