El último Consejo de Ministros de julio, que se celebrará este martes 29 de julio, supondrá el principio de las vacaciones para la gran mayoría del Ejecutivo, incluido el presidente Sánchez que terminará manteniendo ese mismo día el tradicional despacho con el Rey en el Palacio de Marivent, en Mallorca.
Desde el Ejecutivo asumen que la demora en la compleja liturgia presupuestaria abre la puerta a que se tengan que prorrogar unas nuevas cuentas públicas por tercera vez desde 2023 después de que el Gobierno renunciara formalmente a presentar un proyecto en 2024 e hiciera lo propio, en la práctica, de cara a 2025. Las mismas fuentes esgrimen ahora que ya se está con la mirada puesta en las cuentas públicas de 2026.
En La Moncloa achacan ahora a la «inestabilidad parlamentaria» el principal argumento para no haber presentado aún los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años, ni haber aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, ni la orden ministerial para que los departamentos expresen sus necesidades de gasto. Aunque insisten en que este Gobierno ha sacado adelante «42 leyes y decretos» en estos dos años y medio. Pese a que este pasado martes, el Ejecutivo volvió a sufrir otra derrota parlamentaria cuando el Congreso tumbó el decreto antiapagón con los votos de Podemos, Junts, BNG y un diputado díscolo de Sumar junto a los de PP y Vox.
Así, defienden que «no hay prisa», ya que los Presupuestos de 2023 fueron «los más expansivos de la historia» y que «siguen permitiendo a España liderar el crecimiento y la creación de empleo entre las principales economías, mientras se está dando respuesta a muchas políticas sociales» a las que se comprometió el Gobierno en los acuerdos de investidura.
El pasado otoño y desde La Moncloa ya señalaron que seguía sin ser aconsejable lanzar un proyecto presupuestario para 2025 hasta que la celebración de los congresos de Junts y ERC aclarara el panorama político. Ni la ratificación de sus respectivos líderes, ni el pacto PSC-ERC para hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, a cambio de la financiación singular para Cataluña, decidieron al Gobierno a actuar. De hecho, desde entonces el Ejecutivo ha sostenido que seguía trabajando en presentar unas cuentas públicas para 2025, sin haber renunciado oficialmente a ello hasta el día de hoy, pese a que lo cierto es que acumula ya retraso en la elaboración del proyecto presupuestario de 2026.
«Saben que los trabajos técnicos ocupan gran parte», aseguró Montero en una entrevista en TVE, este jueves y añadió que «teníamos el proyecto de Presupuestos de 2025 preparado para el momento en que se abriera esa ventana de oportunidad». «Hemos comenzado ya los trabajos preparatorios del 2026 y, evidentemente, la voluntad del Gobierno es presentarlos».
La semana pasada, en un acto celebrado en Málaga, la ministra de Hacienda aseguró que «a lo largo de los próximos meses estaremos en condiciones de hablar con los grupos y de ver efectivamente cuáles serán las cuentas para el año 2026». La vicepresidenta primera trasladó su «absoluta tranquilidad» y recalcó que «vamos con tiempo» y que «las cosas se plantearán en los momentos oportunos» para cumplir con el calendario, sin embargo, ya hay varios hitos que son imprescindibles y que no se han formalizado todavía, como la presentación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas que debe aprobar el Consejo de Ministros tras recabar el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que según el Ejecutivo está previsto que se reúna en septiembre, y de la Comisión Nacional de Administración Local.
Esta reunión, prevista para septiembre, y el retraso en la aprobación de la orden ministerial de elaboración del presupuesto, que es la que habilita a los diferentes departamentos que conforman el Gobierno a remitir sus propuestas de gasto e ingresos, que el año pasado se publicó a finales de junio, hacen que el proyecto de presupuestos se retrase también en su aprobación por el Consejo de Ministros y posterior remisión de las cuentas a la Cámara Baja en septiembre, como exige el calendario parlamentario si se quiere que las cuentas entren en vigor el primero de enero.
Así, y pese a la defensa de Montero de que el Gobierno aún esta a tiempo, la Ley de Estabilidad establece que debe de aprobarse dentro del primer semestre del año, lo que implica que a estas alturas, el calendario ya acumula un retraso significativo. Una vez aprobada ésta, tendría que aprobarse el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que sería el primer paso necesario para elaborar las cuentas.
Todo ello está llevando a los distintos grupos parlamentarios que sostienen con sus votos al Gobierno a pedir que presenten un proyecto en la Cámara Baja, como el exportavoz del PNV en el Congreso, Esteban, quien esta semana, en una entrevista en la SER, señaló que el Ejecutivo se encuentra en una situación de «bloqueo», por la incapacidad de aprobar los presupuestos: “Ni se vislumbra que pueda haberlos”.
El principal socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, también insiste en que es «obligatorio» presentar las cuentas. Así, la vicepresidenta segunda, Díaz, señaló este jueves en una entrevista en la SER, que «la ciudadanía tiene que conocer cuál es la propuesta de inversión pública, de diseño de políticas públicas presupuestariamente de España. Si después nos la tumban, pues que juzguen los ciudadanos».
A estas críticas también se sumaron las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), quien recordó que, a estas alturas del año, Hacienda debía haber dado ya el pistoletazo de salida a la elaboración de las cuentas públicas del próximo ejercicio publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, en la que instó al resto de ministerios a presentar sus propuestas de gasto para 2026.
Asimismo, la presión sobre la necesidad de tener Presupuestos crecerá, además, en los próximos meses por los nuevos compromisos de gasto militar adquiridos con la OTAN, que exigirán que el país mantenga una inversión anual del 2% de su PIB, y al agotarse los fondos europeos Next Generation, que los países tienen para gastar hasta agosto de 2026, y que hasta ahora habían proporcionado una relevante inyección de recursos.
