El plazo para presentar enmiendas parciales concluye inicialmente el próximo martes y el Gobierno y sus socios catalanes tienen claro que la proposición de ley que registró el PSOE en solitario no necesita grandes cambios, por lo que sólo contemplan la posibilidad de retoques técnicos. Uno de los asuntos que los partidos del Gobierno están estudiando con los grupos catalanes es introducir en la ley un mandato claro de ejecución de la ley por parte de los tribunales, para evitar interpretaciones que puedan ser aprovechadas para sortear su aplicación.
Concretamente, se quiere robustecer la norma técnicamente y en lo concerniente al punto de vista procesal, con un cambio que garantice que los tribunales deben aplicar su contenido sin necesidad de que medie una petición expresa en cada caso particular. La idea de esa posible enmienda trataría, en caso de formalizarse, de evitar cualquier “laguna interpretativa” de ejecución, donde tradicionalmente los proyectos de ley son “laxos” en su redacción, en una norma tan importante. Por tanto, se busca eliminar cualquier posible imprecisión y no dar margen a ninguna doble interpretación. Ese hipotético cambio, insisten las fuentes parlamentarias consultadas, no afectaría en ningún caso a la opción de plantear cuestiones prejudiciales en el ámbito de la Unión Europea. “Es algo totalmente independiente”, enfatizan.
El artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dejaría en suspenso la aplicación de la amnistía al caso concreto si un tribunal pidiera opinión a la Justicia de la Unión Europea (TJUE), provocó en diciembre un encontronazo con Junts al estar recogido en el decreto ley de medidas de Justicia y Función Pública y el PSOE se ha comprometido a quitarlo vía enmienda cuando esa norma se tramite como proyecto de ley, pero no modificará nada de eso en la Ley de Amnistía. En todo caso, las citadas fuentes remarcan que entre el Gobierno y sus aliados catalanes se mantiene el compromiso de que ninguno registrará una enmienda a la Ley de Amnistía que no esté aceptada por los demás, descartando propuestas unilaterales para marcar perfil propio ante su electorado. Es decir, si se presentan enmiendas, lleven la firma de quien sea, es porque ya se ha pactado que van a prosperar. “Es un tema que requiere de mucha discreción y evidentemente aquí vamos a jugar todos a una carta porque la idea es que tire adelante y que se apruebe”, comentó el pasado jueves la portavoz adjunta de Esquerra, Jordà.
Una vez registradas las enmiendas, la previsión es que la ley orgánica se debata la próxima semana en ponencia, en una reunión a puerta cerrada, y en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, y a finales de enero o principios de febrero se aprobará en el Pleno del Congreso para su remisión al Senado. En la Cámara Alta el tiempo se detendrá, ya que el PP está dispuesto a pedir informes y dilatar todos los plazos hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución, y como se da por seguro que en el Senado será vetada con su mayoría absoluta, la ley volverá en abril al Congreso para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
