De esta manera, el Gobierno pretende atajar el uso fraudulento de esta fórmula para vivienda habitual, al mismo tiempo que avanza en la puesta en marcha de una plataforma estatal que recoja datos sobre este tipo de alquileres de corta duración, así como pisos turísticos y alquiler de habitaciones.
«La causalidad determinará la temporalidad y será necesario poder acreditar esa causalidad a la hora de firmar el contrato», ha apuntado la ministra tras reunirse con el grupo de trabajo dedicado a esta materia, recordando que los alquileres temporales -regulados actualmente en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)- sirven para aquellos casos en los que el inquilino busca un lugar donde vivir por un tiempo limitado fuera de su domicilio habitual.
Los motivos para recurrir a este tipo de arrendamientos pueden ser, por ejemplo, el desplazamiento de una ciudad a otra por motivos de trabajo, estudios o para recibir un tratamiento médico. A falta de que se concreten los detalles, la ministra ha puesto como ejemplo la posibilidad de que si se trata de una vivienda para pasar el curso académico el contrato de alquiler temporal pueda tener máximo una duración de nueve meses, aunque por ejemplo podría superar el año en caso de tratarse de un investigador desplazado para desarrollar su trabajo.
«Se trata de garantizar y proteger el alquiler de temporada para lo que se prevé, para unas causas temporales», ha remarcado Rodríguez, añadiendo que «es necesario establecer todos los mecanismos para no poder burlar la LAU y salvaguardar los alquileres de temporada». Debido a la falta de regulación -quedó fuera de la ley de vivienda-, el uso de este tipo de arrendamientos se ha desvirtuado en los últimos tiempos utilizándose como vivienda habitual de forma fraudulenta, según han denunciado desde el sector inmobiliario, los sindicatos e incluso el propio Banco de España.
En ese sentido, la ministra ha reconocido que este fenómeno está «tensionando el mercado de alquiler residencial» y provocando incrementos de precios -al igual que está ocurriendo con los pisos turísticos-. Al tratarse de una fórmula de alojamiento temporal, la protección del inquilino no es la misma que en una vivienda habitual. En cada caso el casero y el inquilino acuerdan cuándo finalizará y cuál será el precio cerrado, sin posibles revisiones y sin aplicarse, por ejemplo, los topes establecidos por el Ejecutivo.
Rodríguez ha explicado que la vía para exigir que se acredite la causa de un alquiler temporal y, en consecuencia, limitar su duración será a través de un real decreto que acomode la normativa española a un reglamento aprobado recientemente por la Unión Europea sobre alquileres de corta duración -incluye tanto arrendamientos temporales como turísticos, por habitaciones y embarcaciones flotantes-. La ministra ha recalcado su intención de tramitar «con absoluta rapidez» este nuevo reglamento, que, según ha afirmado, podría estar listo a finales de verano.
El texto en el que trabaja el ministerio especificará cómo acreditar la causalidad y, al mismo tiempo, amparará la puesta en marcha de una nueva plataforma estatal en la que registrar cuáles son las viviendas dedicadas a este tipo de arrendamientos para controlar su uso. Vivienda ya anunció a finales de mayo su compromiso de poner en marcha antes de que acabe 2025 esta herramienta exigida por Bruselas, que agrupará información sobre alquileres de corta duración ofertados en portales online, y pidió para ello su colaboración a las comunidades autónomas y ayuntamientos para recabar los datos. Rodríguez ha aclarado que la idea es que cada vivienda tenga «una sola matrícula» que permita verificar que se usa de forma legal y llevar un recuento para combatir el fraude.
Además, la ministra de Vivienda también ha recordado los planes del Gobierno de modificar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan vetar la creación de pisos turísticos en sus edificios, siguiendo la línea fijada por el Tribunal Supremo en dos sentencias. Para ello, Rodríguez ha adelantado que la próxima semana empezará una ronda de contactos con los distintos grupos políticos con el objetivo de recabar apoyos para llevar a cambio el cambio normativo, mostrándose convencida de que existe «unanimidad» para materializarlo.
La titular de Vivienda ha asegurado que se trata de una modificación «quirúrgica» de la ley en la que se pretende cambiar la redacción para exigir la autorización previa de los vecinos para implantar un piso turístico y, por tanto, dotarlos de una capacidad de veto. «No es una cuestión de mayorías, sino de la redacción».
