Supone la mayor convocatoria de la historia por cuarto año consecutivo, según ha resaltado el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, quien ha afirmado que «con esto, triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017».Así se acelera «la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas», ha añadido. Representa la creación de más de 9.100 puestos de trabajo con especial énfasis en la atención a la ciudadanía, la administración de justicia y la administración local. La creación neta, es decir, la diferencia entre altas y bajas, será de unas 5.000 plazas.
En concreto, tres cuartas partes corresponden a la Administración del Estado, con 31.465, y se reparten en 20.840 puestos de turno libre y 10.625 de promoción interna, a los que se suman 3.147 plazas para personas con discapacidad, de las que 629 serán para personas con discapacidad intelectual. Por sectores, análisis y gestión de políticas públicas publicará 7.286 plazas, cohesión social y empleo público 2.879, reforma integral y modernización de la justicia 2.525, transformación digital 1.804, infraestructuras y ecosistemas resilientes 1.386, instituciones penitenciarias 923, I+D 886, otros sectores 618 y salud pública e INGESA 612.
Además, habrá 2.857 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía, 3.158 para la Guardia Civil y 2.666 para las Fuerzas Armadas.
Además, el Consejo ha aprobado el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED) correspondiente 2024, cuya dotación destinada a financiar los programas y servicios recogidos en él es de 6.388.584 millones de euros. Entre las novedades incorpora un total de 89 servicios y programas distintos y refuerza la red de servicios de orientación laboral. Este plan es uno de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo y se trata del marco normativo a través del cual los sistemas públicos de empleo deben diseñar y gestionar cada una de sus políticas.
Como detallan desde el Ministerio, el plan busca impulsar la consolidación de las redes de orientación profesional, puesto ya que la empleabilidad mejora con la calidad de la atención prestada y señala un indicador para medirla. Los incentivos para el uso de estas medidas se asignarán mediante una reserva de eficacia en los fondos a distribuir en futuros ejercicios. Se establece un objetivo global de mejora de la empleabilidad del 10%, relacionado con la prestación y el seguimiento de las atenciones, y el acceso a servicios garantizados para las personas protegidas por el nivel asistencial. Se fija un plazo de seis meses para que, a todas las personas protegidas beneficiarias del subsidio por desempleo mayores de 45 años se les garantice un perfil realizado por su Servicio Público de Empleo. Además, se prevé la elaboración de un indicador para el seguimiento de esta garantía.
Además, se garantiza, para todas las personas protegidas, un itinerario o plan personalizado adecuado a su perfil, que exigirá la formalización de un acuerdo de actividad suscrito entre el Servicio Público de Empleo y la persona usuaria, así como la asignación de un tutor o tutora. También se facilitará la información necesaria para que organizaciones sindicales y empresariales más representativas puedan analizar la inversión realizada en políticas activas de empleo en favor de las personas mayores de 52 años. El plan contempla la elaboración de un cuadro de mando para el seguimiento, entre otras, del conjunto de medidas descritas en los puntos anteriores. En él se incluyen un total de 89 servicios y programas distintos, de los cuales 58 son comunes y 31 propios, para el conjunto de los seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, mejora institucional, emprendimiento) a propuesta de las CCAA y el Servicio Público de Empleo.
