En concreto se refería a que el Tribunal Supremo descartó que Gómez cometiera un delito de malversación que ahora le imputa el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado trasladó a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que el proceso contra ellos seguirá, si abre juicio oral, ante un grupo de ciudadanos y cita a los tres en su juzgado este sábado a las 18.00 horas para informarles sobre el procedimiento.
Por su parte, fuentes del Gobierno, también recordaron que el pasado 15 de julio, el Tribunal Supremo rechazó la petición del juez Peinado de investigar al ministro Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez al no apreciar ningún indicio de delito.
Por su parte, los ministros que acudieron al Pleno del Congreso mostraron «estupefacción» por la noticia. La ministra de Vivienda y Rodríguez, señaló que «pueden llamar a los de la calle Ferraz para que vayan a un jurado popular», en alusión a los críticos que allí se concentran en protesta contra el Gobierno y contra Gómez. «Me parece surrealista. Se explica por sí solo», dijo la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, nada más conocer la noticia.
«Por favor, hablemos de cosas serias», respondió Marlaska a los periodistas a su salida del Hemiciclo y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que «la instrucción del juez Peinado se va a estudiar en las facultades de Derecho de este país».
A todo esto en la propia Moncloa reconocen que la ley del jurado, en su artículo 1, establece que el tribunal del jurado es competente para juzgar causas relacionadas con el delito de malversación de caudales públicos. Así ocurrió con el expresidente valenciano Camps en el juicio de los trajes. Pero agregan que Peinado podía haber continuado con su investigación —»prospectiva», señalan— y haber propuesto la apertura de juicio oral por varios delitos, sin despiezar la parte relativa a la presunta malversación cometida por Gómez.
En el ambiente monclovita aseguran que es «llamativo» el momento procesal elegido por el juez, porque «no está cerrada la instrucción» y de hecho quedan varias diligencias por resolver, como la petición a la Moncloa para que le remita todos los correos de Gómez desde 2018. Además, la Audiencia Provincial de Madrid tiene aún varios recursos sobre la mesa contra decisiones adoptadas por el juez Peinado tanto en esta pieza separada como en esta, la que abrió en agosto. El magistrado decidió investigar a Gómez y a su asesora por un delito, el de malversación, que él había rechazado tres meses y sin explicar el porqué de su cambio de criterio. Y lo hizo, y es lo que subrayan en la Moncloa, después de que el Tribunal Supremo frenara su intento de escalar la causa: él elevó una exposición razonada para que el alto tribunal imputara a Bolaños por los delitos de malversación y falso testimonio. El TS se negó y le lanzó un severo reproche: archivó el caso y no imputó al ministro por la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud». Peinado, por tanto, opta por llevar a jurado popular la pieza concerniente a la contratación de Álvarez aunque continúa la instrucción de la causa principal, la que abrió en abril de 2024, en la que intenta recabar indicios contra Gómez por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
