El empresario ha recurrido ante la propia Fiscalía General del Estado la decisión avalada por la sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, de permitir su reincorporación a la carrera. Algo incompatible según el abogado del empresario con la «pérdida de la condición de fiscal» que según su criterio implica la sentencia que le condenó. En el recurso de reposición contra la decisión de Peramato, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez-Ramos, señala que en ejecución de la sentencia la Fiscalía debe acordar «la pérdida de la condición de fiscal» de García Ortiz, que según apunta mantendrá antecedentes penales «al menos» hasta el 22 de enero de 2029.
Según pretende, debe declararse «la incapacidad para el ejercicio de funciones» por parte del anterior fiscal general y la «perdida de la condición de fiscal» en aplicación del artículo 46.1e) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
El empresario pide que se le considere como parte interesada en el expediente administrativo incoado en ejecución de la sentencia del Supremo (que dejó en manos de la Fiscalía el alcance de la inhabilitación más allá del cargo que ocupaba).
Pero el letrado sostiene que «partiendo de que la condición de fiscal es un empleo público (no un cargo público», como si lo es el de fiscal general del Estado, «la ejecución de una pena de inhabilitación especial para el empleo de fiscal no requiere para su adopción y ejecución de decisión administrativa alguna, siendo ejecutada por la jurisdicción penal». Y hace hincapié en que el citado artículo del EOMF determina que se pierde la condición de fiscal «por la pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos», estableciendo a su vez el artículo 35 «que la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca».
«Siendo la interpretación literal, sistemática e histórica unívocas», argumenta, la jurisdicción contencioso-administrativa «nunca se ha pronunciado ni existe jurisprudencia» sobre lo que dispone el decreto del pasado 23 de diciembre que acuerda la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal, interpretando que el artículo 44.2 del EOMF y el 31 del Reglamento del Ministerio Fiscal «se refieren como causa de inhabilidad» para el acceso, inhabilitación, reingreso y rehabilitación «no a delitos dolosos, sino a condenas de penas privativas de libertad por delitos dolosos».
Pero la defensa de González Amador replica que «todas las normas existentes y reguladoras de las consecuencias administrativas de una sentencia condenatoria por delito doloso señalan, literalmente, lo mismo sin referencia alguna a la necesidad de condena a penas privativas de libertad y, exclusivamente, modulando los efectos en función de la duración de la pena impuesta como consecuencia de un delito doloso».
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, al pagó de una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños y perjuicios. Y su abogado esgrime que «no habiendo cumplido con las penas impuestas», el ex fiscal general posee antecedentes penales hasta, al menos, el 22 de enero de 2029.
