Cabe recordar que CaixaBank posee un 3,5% del capital de Telefónica, a lo que hay que añadir el 2,51% que tiene el grupo a través de su brazo inversor Criteria. “Captar y atraer inversores a empresas españolas por definición debe ser una buena noticia”, ha incidido Gortázar durante su intervención en un foro financiero organizado por KPMG y Expansión, en Madrid.
Por el momento, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha tranquilizado a los principales accionistas sobre las intenciones “amistosas” del grupo saudí, que le ha trasladado que no interferirá en la gestión de la compañía. La intención de STC es solicitar el plácet al Gobierno de España para hacer efectiva la compra del 5% del capital que mantiene aparcado en instrumentos financieros y, junto con el 4,9% que ya detenta oficialmente, consolidar su posición como primer accionista de la operadora española. Una petición al Ejecutivo que todavía no se ha producido.
“El Gobierno debe estudiar los intereses estratégicos de España en una situación como esta, hay que dejarle hacer su trabajo. Pero que entre capital de fuera, en un país que necesitamos de inversión exterior, tenemos que verlo con buenos ojos”, ha remarcado Gortázar durante el encuentro en Madrid. Y le ha puesto deberes a Telefónica y al consejo, en el que está sentado también CaixaBank: “Debemos analizar las posibilidades de cooperación que supone que entre una empresa de esta naturaleza, que ve una buena oportunidad financiera en Telefónica”.
En este contexto, por el momento, en Telefónica están a la espera y entienden que la pelota está en el tejado del Gobierno, que deberá decidir sobre la entrada de STC. “Todo esto hay que verlo en positivo y dejar a cada uno, al Gobierno por un lado y al consejo de Telefónica por otro, elaborar sus conclusiones para ver cuáles son los próximos pasos”, ha zanjado Gortázar.
El Ejecutivo tiene la potestad de paralizar la toma del 9,9% de Telefónica por STC, participado en un 64% por el Estado saudí a través del fondo soberano FIP, por razones de seguridad nacional, puesto que la multinacional española es una compañía estratégica con contratos con el Ministerio de Defensa en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad. Incluso puede aplicar una norma de 2003 (el artículo 7 de la Ley 19/2003), que le permitiría suspender, casi a voluntad y sin ningún límite, la entrada de los saudíes en el capital de Telefónica.
Sin embargo, todo apunta a que el Gobierno autorizará la operación, pero sometiéndola a una serie de condiciones de forma similar a las aplicadas en 2021 a la compra del 23% de Naturgy Energy Group por el fondo australiano IFM Global Infrastructure,
