«Un informe de la Inspección de Hacienda, todavía no ratificado, cuantifica la supuesta cuota defraudada por la sociedad en el Impuesto de Sociedades de 2008 en 407.114 euros; de 2009 en 7,78 millones y de 2010 en 5,3 millones», admite la empresa.
Hacienda remitió el expediente hace tiempo a la Fiscalía Anticorrupción teniendo en cuenta que cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros existe ya un posible delito fiscal. No obstante, el Grupo Cueto explica en el informe anual que ha decidido no provisionar dichos importes, ya que entiende que «existen sólidos argumentos para descartar la existencia de un delito contra la Hacienda Pública».
La sociedad dominante del grupo se encuentra investigada en la Audiencia Nacional y tiene devoluciones tributarias retenidas, por orden judicial, por importe de 999.372 euros, incluyendo importes correspondiente al año 2021. Cueto está imputado en el caso Defex desde 2014 tras haber cobrado supuestamente comisiones de 100 millones de euros en un contrato por importe de 152 millones para la venta de armas a Angola.
En las diligencias abiertas por el juez de la Mata en el juzgado de instrucción número 5 se explica que «se encontraron distintas evidencias de su participación en los hechos investigados y, en particular, de su participación directa en el pago de comisiones ilícitas a funcionarios de la Policía Nacional de Angola en relación con la consecución y ejecución del contrato de suministro de material policial en 2008 por la UTE Cueto Defex». Además, y según dicta uno de los autos, la hija del antiguo embajador de Angola en España entre 2003 y 2008 cobró una comisión de 25.000 euros en Italia en relación con el contrato investigado.
Pendiente de la celebración de juicio oral desde el año 2019, la Fiscalía considera que pudo haber desviado ese dinero cuentas en Islas Caimán o Luxemburgo y pide para él 55 años de cárcel por corrupción y 41 millones de euros de multa. El Grupo Cueto alcanzó a cierre de 2022 unos activos por valor de 60,8 millones de euros. Con unos ingresos de 2,4 millones, ese mismo año entró en números rojos con pérdidas de casi 600.000 euros.
Aunque la Fiscalía destaca ahora que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad central de la trama de comisiones por la venta de mascarillas era propiedad del empresario Íñigo Rotaeche, apunta también que la firma estaba controlada en realidad por el Grupo Cueto. Además, vuelve apreciar la existencia de posibles delitos fiscales, tal y como ocurrió en Angola.
El ‘caso Koldo’ solo acaba de empezar. Ahora el PSOE ha exigido por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos que deje su cargo como diputado del Partido Socialista. De momento, Ábalos no se ha pronunciado, aunque tiene 24 horas para dar a conocer su decisión.
