Si bien por el momento no ha concretado cuáles revisará o eliminará ya que depende de que cumpla sus objetivos, los informes en los que se basará su análisis apuntan desde los premios de loterías o las indemnizaciones por despido, a los tipos reducidos de IVA o el diésel.
Hay que remontarse a 2021 para recordar que el Plan de Recuperación ya recogía como hito la introducción de cambios normativos para modificar o suprimir beneficios fiscales, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos y con el objetivo de lograr un sistema tributario más eficaz y aumentar los ingresos. Este compromiso se cifró en aumento permanente de los ingresos públicos de una décima de PIB en el informe de seguimiento del plan fiscal remitido a Bruselas en abril, donde además se especificaba que el hito tendrá que cumplirse antes de final de 2025.
Según han señalado fuentes de Hacienda a Efe, para lograr este objetivo se basarán en los análisis sobre beneficios fiscales realizados en los últimos años tanto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como por un grupo de expertos integrado por el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos. En 2020, la AIReF publicó un informe de evaluación del gasto en beneficios fiscales- de uno 60.000 millones de euros anuales en aquel momento-, en el que trató de determinar si las iniciativas analizadas cumplían el objetivo para el que fueron creadas. En concreto, estudió seis beneficios fiscales en el IRPF, cuyo coste total ascendía a 8.391 millones: las reducciones por tributación conjunta (2.393 millones), aportaciones a planes de pensiones (1.643 millones), rendimientos del trabajo (1.139 millones) y arrendamientos de viviendas (1.039 millones), junto con las deducciones sociales por maternidad o discapacidad (1.708 millones) y por donativos (469 millones).
Asimismo, la AIReF estudió los beneficios fiscales en el IVA -los tipos reducidos costaban 17.787 millones; la exención para sanidad y educación, 3.457 millones, y la de servicios financieros, 2.777 millones- y la diferencia impositiva entre el diésel y la gasolina, que suponía una merma de ingresos de 1.162 millones. En lo que respecta al impuesto de sociedades, analizó los tipos reducidos (323 millones), la deducción por incentivos a la investigación y desarrollo (244 millones) y la de donativos (107 millones).
En los cinco años que han transcurrido desde entonces algunos de estos beneficios fiscales se han visto reducidos, como el que permite deducir las aportaciones a los planes de pensiones individuales, pero otros se han incrementado, como la reducción para rentas del trabajo bajas o la bajada del tipo de IVA para el aceite de oliva.
En 2021, la AIReF completó sus trabajos con una nueva revisión de la efectividad de quince beneficios fiscales realizada en 2021 y 2022 en cumplimiento del Plan de Recuperación por un grupo de expertos integrado por el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos. En estos análisis se evaluaron los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades: reducción por reservas de capitalización (566 millones), régimen de entidades sin ánimo de lucro (270 millones), deducción por producciones cinematográficas (79 millones), ajustes de intangibles (60 millones) y reserva de nivelación (53 millones).
Ese año también examinaron varias exenciones de IRPF -por incapacidad permanente absoluta (1.177 millones), indemnizaciones por despido (612 millones), prestaciones de maternidad y paternidad (533 millones), rendimientos del trabajo en el extranjero (60 millones) y ciertas prestaciones por desempleo (32 millones)-. Se estudiaron también la reducción a familias monoparentales en tributación conjunta (1.014 millones), el régimen de las anualidades por alimentos (143 millones) o la exención por venta de vivienda habitual para mayores de 65 años (7 millones).
Por último, se analizaron el impacto de la rebaja del gravamen de loterías (391 millones) y la situación del impuesto especial sobre el carbón (1,8 millones).
Un caso aparte es la situación del diésel, que paga un tipo del impuesto de hidrocarburos inferior al de la gasolina, algo que ya fue estudiado por la AIReF como beneficio fiscal. La equiparación de la fiscalidad de ambos carburantes es incluso un compromiso del Plan de Recuperación, pero por el momento parece difícil sacarlo adelante ante la falta de apoyos parlamentarios, un incumplimiento que ha supuesto perder 460 millones de fondos europeos.
Junto a la revisión de los beneficios fiscales, el informe de seguimiento del plan fiscal también compromete la adopción de medidas para aumentar de forma permanente los ingresos tributarios de una décima de PIB anual en el periodo 2025-2028.
Hacienda espera cumplir este hito con las medidas tributarias adoptadas a finales de 2024, que han empezado a impactar este año, entre las que se encuentran los nuevos impuestos a la banca y los cigarrillos electrónicos, el impuesto complementario para multinacionales o la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros.
