Hacienda ha comunicado a los consejeros autonómicos el reparto del esfuerzo fiscal incluido en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado mañana en Consejo de Ministros. La regla permitirá un déficit del 0,1% para que las regiones redacten unas cuentas más expansivas, en un año crucial en el que éstas estarán bajo el listón que impone la directriz europea y todo ello dentro del enfrentamiento Montero – CC AA populares a cuenta de la financiación singular propuesta para Cataluña, tal y como han anticipado varios consejeros antes del inicio de la reunión.
Las CCAA gobernadas por el PP han criticado en bloque que el Gobierno trate de retorcer el sistema de financiación autonómica para «comprar» la presidencia de Illa, a pesar de que el año que viene recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, según adelantan fuentes del Ejecutivo. Se trata de un 9,5% más en recursos provenientes del Estado que las que recibieron en 2024, lo que supone un nuevo récord en financiación para las autonomías.
Y todo ello ante las exigencias de la consejera catalana que ha acudido al encuentro exigiendo que se aplique de forma «urgente» una financiación especial que permita a Cataluña salir de un sistema «que le perjudica», lo que -según fuentes autonómicas- ha encendido aun más el debate a puerta cerrada. «En esa singularidad nosotros solo vemos un cupo que a los madrileños les puede costar entre 300 y 1.500 millones para que nuestro presidente del Gobierno siga en La Moncloa con los votos de los independentistas», ha denunciado la consejera de la Comunidad de Madrid, Albert. «No podemos permitir nuevos agravios», ha denunciado la andaluza, Carolina España
De hecho, los barones populares han insistido en la necesidad de cambiar los estatutos del CPFF para restar peso a Hacienda en las votaciones. Los de Montero tan solo necesitan el apoyo de una sola CCAA -Cataluña- para aprobar su financiación singular y otorgarle el poder de recaudar la totalidad de los impuestos, tal y como exige la Generalitat. El reglamento establece que los acuerdos del Consejo sobre la ley de la financiación autonómica requieren -en última instancia- de una mayoría absoluta para salir adelante. Conscientes de ello, los consejeros del PP proponen una modificación de las reglas con la intención de revertir el sistema de mayorías, reduciendo el dominio actual de Hacienda en el CPFF -del 50%- en un intento de frenar el acuerdo en el seno del órgano. No obstante, Montero se reserva -también- la llave sobre cualquier modificación propuesta en los estatutos, al contar el ministerio con la mitad de los votos.
La disputa política entre Moncloa y PP también amenaza con estancar la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014. Montero insta a Génova a presentar una propuesta de cambio, algo que los populares se niegan a hacer al entender que debe ser el Ejecutivo quien tome la iniciativa y presente un borrador. «Cuando nos sentemos y nos cuenten lo que quieren hacer, les daremos nuestra opinión», afirman fuentes populares.
De cualquier forma, y al margen de las dificultades técnicas, sean sobre el traspaso de funcionarios o las complejidades operativas del nuevo órgano tributario, el destino del consorcio se decidirá exclusivamente a nivel político. Las negociaciones entre PSC y ERC se han intensificado en las últimas semanas y han entrado en una fase decisiva con la vuelta de Marta Rovira de Suiza, donde ha estado huida durante seis años. La inminencia de un pacto entre las cúpulas de ambas formaciones sobrevuela los mentideros políticos, aunque cabe recordar que cualquier acuerdo deberá ser refrendado por las bases del partido independentista
