Todos los países de la Unión Europea tienen la obligación de remitir un cuadro macroeconómico actualizado y sus previsiones con respecto a los ingresos y los gastos que tendrán, lo que incluye la recaudación de los impuestos. Y es aquí donde aparece el impuesto a las grandes fortunas.
Cuando el Gobierno anunció la creación del gravamen, que afecta a los contribuyentes con patrimonios superiores a 3 millones de euros, aseguró que la recaudación prevista era de 3.000 millones de euros durante los dos años que estaba previsto que estuviese en vigor. Finalmente, el pronóstico es que este año proporcione 619 millones de euros de ingresos a las arcas públicas, más otros 640 millones en 2024. En total, 1.259 millones, es decir, 1.741 millones de euros menos que los inicialmente proyectados, pese a que durante el segundo año de vida del tributo Hacienda espera que recaude algo más que el primero.
Ya en septiembre, la Agencia Tributaria comunicó que durante el mes de julio algo más de 12.000 contribuyentes habían declarado, en total, 623 millones de euros como consecuencia de la declaración de dicho tributo. El objetivo anual de Hacienda era de 1.500 millones de euros, y el de la Autoridad Fiscal Independiente era de 1.270 millones. El motivo estaría relacionado con la redacción del impuesto, y que el Ministerio trató de corregir por la puerta de atrás, provocando un buen tirón de orejas del Consejo de Estado.
Desde entonces, estaba claro que el impuesto no recaudaría tanto como estaba previsto, pero no si el Gobierno estaría tratando de cambiar la ley de cara al próximo año. Es esa posibilidad la que por el momento queda descartada, al menos, hasta que se forme de nuevo un Gobierno. Hay que tener en cuenta que cualquier cambio deberá entrar en vigor antes de que termine el mes de diciembre, puesto que el 31 de diciembre es la fecha de devengo del tributo, por lo que los plazos complican cada vez más esa posibilidad.
Por poner estas cifras en contexto, si el impuesto hubiese recaudado lo previsto habría sido suficiente para sufragar el incremento del gasto en defensa que recoge el Plan Presupuestario (1.540 millones), o una prórroga de un año de la rebaja al IVA de los alimentos (1.350 millones). De la misma manera, habría sido dinero suficiente para pagar la prórroga de los subsidios al transporte estatal ferroviario y por carretera (1.440 millones al año). Sin embargo, ni siquiera esa recaudación habría sido suficiente para costear el aumento del gasto en pensiones del próximo año (7.000 millones, asumiendo que el IPC medio de este año quedará en torno al 4%), ni tampoco para sufragar el incremento del 2% de los sueldos de los empleados públicos (4.750 millones).
Aun así, hay que apuntar que la intención del Gobierno con el impuesto nunca fue costear partidas públicas estructurales, sino reforzar la idea de que en ese contexto quienes más tienen deben contribuir más a las arcas públicas en un momento de fortísima inflación (la media del año pasado marcó un récord no visto desde 1986). En el mismo sentido fueron el impuesto a la banca y el impuesto a las eléctricas, también temporales y fuertemente contestados por las empresas del sector.
Pero, ¿por qué tanto cambio entre lo previsto y lo recaudado? La razón tiene que ver con cómo se redactó el impuesto a la hora de aprobarlo, algo que el Ejecutivo intentó cambiar a menos de un mes para que arrancase el plazo de presentación del impuesto,. Así lo advirtió en un dictamen el Consejo de Estado, que alertó de la modificación sustancial que trataba de introducir el Gobierno en la ley a través de la orden ministerial que aprobaba el modelo para su liquidación, criticando a su vez que ese tipo de cambios no pueden llevarse a cabo sin pasar por audiencia pública y por otros trámites pertinentes.
Por eso, finalmente Hacienda publicó la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin los cambios que había planteado. La modificación pretendía alterar algo establecido en la ley y que hasta el momento había pasado del todo desapercibido: que algunos contribuyentes tienen derecho a deducirse la cuota que les correspondería pagar por patrimonio pero antes de abonarlo, es decir, sin tener en cuenta las bonificaciones de las comunidades autónomas. El embrollo legal parte tiene que ver con el escudo fiscal, que establece que las cuotas de IRPF y Patrimonio no pueden exceder, juntas, el 60% de lo que se paga de IRPF.
Eso se calcó en el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas aunque cambiando el 60 por un 80%, y es lo que ha permitido a parte de los afectados restar lo que habrían de pagar de patrimonio de la cuota del nuevo impuesto, en lugar de lo que realmente terminen pagando. De su lado, Hacienda ya aseguró a este periódico que no consideró en ningún momento la redacción un error. En el departamento entienden que se ha tratado de «una cuestión muy técnica que se ha interpretado de la forma más restrictiva» por parte del Consejo de Estado.
