En unas semanas, dijo “España celebrará unas elecciones generales, que deberían dar pie a un debate profundo sobre estos retos”, así su recomendación va en la línea de que eventualmente, deberían “emerger unos consensos mínimos sobre cuáles son las políticas más adecuadas para afrontarlos, de manera que se garantice su persistencia en el tiempo, elemento clave para garantizar su éxito”. Para el Gobernador, de este eventual consenso político dependerá en gran medida, la capacidad de la economía española de garantizar una mejora sostenible del bienestar de los ciudadanos, así como la convergencia real con los socios europeos.
El primero de estos retos sería alcanzar una convergencia sostenida de la economía española hacia los niveles de renta per cápita del área del euro, tras los escasos avances alcanzados en las últimas décadas. Los datos aportados por de Cos sitúan esta renta per cápita un 17% inferior a la de la Unión Económica y Monetaria (UEM), diferencial que resulta 4 punto más reducido que el existente en 1978, aunque 8 más que el alcanzado en 2005.
La productividad, dijo, “es el único motor inagotable de aumentos en los niveles de vida”. Los problemas de esta baja productividad se encuentran en primer lugar, muy relacionados con algunas de las deficiencias del mercado de trabajo, que, a su vez, condicionan la convergencia en términos de tasa de empleo.
En segundo lugar, de Cos subrayó que la convergencia de la economía española debería ser sostenible en el tiempo. Así explicó que algunos de los problemas económicos de estas últimas décadas han surgido por no haber sabido entender las obligaciones y las restricciones que surgen de formar parte del proceso de integración europeo y, en particular, de la UEM. Lo que según el gobernador llevó, por ejemplo, a la acumulación de graves desequilibrios macrofinancieros tras el acceso al euro.
Volviendo al problema de la productividad de las empresas españolas, el gobernador especificó que es un problema generalizado e independiente de la especialización sectorial de nuestra economía y del tamaño de estas. La composición sectorial de la economía española, más sesgada hacia servicios como el comercio y la hostelería, explica solo una parte del escaso nivel de productividad, medido como producción por hora trabajada. Este se sitúa un 14% por debajo del de la UEM. “Si España tuviera la estructura sectorial del área del euro, esta diferencia negativa sería del 10%”, afirmó de Cos.
Tampoco el menor tamaño del tejido empresarial español justifica por sí solo una menor productividad. Cuando se agrupan por tamaños los datos registrales de empresas de España, Alemania, Francia e Italia, la productividad relativa de las empresas españolas se sitúa entre un 10% y un 20% menos que la de sus contrapartes europeas, independientemente de su tamaño.El gobernador mencionó el reducido peso de la innovación, como un factor para el escaso nivel de productividad. En el promedio del período 2000-2021, la ratio del gasto en I+D+i sobre el PIB se situó en el 1,2 % en España, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la media de la UEM.
También el menor nivel de capital humano de la población española y, en particular, de su formación tecnológica y sus competencias digitales, fue mencionado por de Cos, por estar estrechamente vinculado a la débil capacidad innovadora y de absorción de conocimiento.
El entorno regulatorio, que afecta a la actividad y a la asignación eficiente de recursos entre empresas es otro factor que limita la productividad. Existe evidencia de que, entre 1995 y 2007, se produjo en España una notable acumulación de capital en empresas poco productivas. En el período más reciente, apenas se han alcanzado mejoras de eficiencia en dicha asignación
De acuerdo con las estimaciones disponibles por el Banco de España, el déficit público estructural se situó en alrededor del 4% del PIB, por encima de lo estimado en 2019 (3% del PIB), y la ratio de deuda pública sobre PIB se situó en 2022 en el 113,2%, casi 22 puntos por encima de la media de la UEM. Esta situación constituye para el órgano regulador “una importante fuente de vulnerabilidad para nuestra economía, en particular en un contexto de endurecimiento de la política monetaria, al tiempo que reduce el margen de maniobra de la política fiscal para afrontar eventuales perturbaciones negativas futuras”.
De acuerdo con los ejercicios de simulación elaborados por el Banco de España, lograr que la ratio de deuda pública mantuviera una senda decreciente en las próximas décadas requeriría la implementación de un plan de consolidación fiscal que redujera progresivamente el déficit estructural primario, hasta llegar a equilibrar el saldo estructural total. Además, la reducción de la deuda pública se vería favorecida si el ajuste fiscal se acompañara de reformas estructurales ambiciosas.
La elevada magnitud de los desequilibrios fiscales, el entorno inflacionista y la resiliencia que está mostrando la economía, aconsejan, según dijo el gobernador, que la ejecución del plan de consolidación se inicie en 2023, de forma que se produzca una cierta reducción del déficit estructural este mismo año.
