Como se recuerda, Telefónica anunció, el pasado 18 de enero el cese inesperado de su presidente Álvarez-Pallete, en una movimiento del Consejo de Administración liderado por el Gobierno (a través la SEPI y su participación del 10% en Telefónica) y con el apoyo de otros accionistas de referencia, como CriteriaCaixa y STC.
«El IC-A considera que la CNMV debe analizar si el cese del presidente ejecutivo de Telefónica, como consecuencia de la acción conjunta de los tres accionistas de referencia de la sociedad (en alusión a la SEPI, CriteriaCaixa y STC) y del nombramiento inmediato de su sustituto (Marc Murtra), también promovido por los mismos accionistas, es una acción que supone una acción concertada dirigida a obtener el control de la sociedad, lo que conllevaría la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de la sociedad (Telefónica)», señala la entidad en un comunicado.
El IC-A ha precisado que no realiza declaraciones sobre sucesos en el mercado de valores, «salvo en situaciones excepcionales o de suma gravedad», haciendo alusión a lo ocurrido en Telefónica. «El buen gobierno corporativo es aplicable a todos los accionistas, incluida la Administración cuando actúa como accionista», señala el organismo.
Además de pedir que la CNMV investigue lo ocurrido, el IC-A también ha solicitado al regulador que se realicen las modificaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades cotizadas necesarias para regular el nombramiento y el cese de consejeros.
La institución recalca que las decisiones sobre ceses o nombramientos de consejeros «deberían corresponder a la Junta General de Accionistas, evitándose la práctica de la cooptación, salvo en situaciones de urgencia, y debería establecerse la correspondiente recomendación al respecto». «Es de vital importancia que la Administración, en su actuación como accionista, evite aquellas situaciones en las que pueda ser acusado de estar bordeando los límites legales»
El IC-A solicita también que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para regular el nombramiento o cese de consejeros independientes en compañías cotizadas de forma que el freefloat participe en el mismo (mayoría reforzada). «Los accionistas de empresas cotizadas tienen el derecho a cesar o nombrar a los consejeros en cualquier momento, pero debe ser una decisión de todos los accionistas, tanto los relevantes como los minoritarios que componen el freefloat».
El IC-A pide al gobierno que dé las indicaciones precisas para que la Administración, como accionista en empresas cotizadas, sea un ejemplo a seguir para otras empresas cotizadas y la sociedad civil. Esto implica garantizar que los administradores nombrados «cuenten con las capacidades y la profesionalidad necesarias, en lugar de nombrar como administradores a personas simplemente por afinidad política». «Es de vital importancia que la Administración, en su actuación como accionista, actúe de forma ejemplar procurando evitar siempre aquellas situaciones en las que pueda ser acusado de estar bordeando los límites legales, dado que, si no fuera así, le sería muy difícil al supervisor exigir a las compañías cotizadas que se comportaran respetando escrupulosamente la ley».
