Seguridad Social destinó un total de 3.854,67 millones de euros. Una cifra un 17,3% superior a la registrada un año antes y para la que tuvo que movilizar 1.488,00 millones de euros extra más de lo planificado por la prórroga de Presupuestos. Un aumento que, tal y como explican fuentes del Ministerio, se debe a la revalorización de la prestación del 6,9% y por el mayor número de beneficiarios -un incremento que se debe a la reducción del non take up o brecha de cobertura, es decir, los que no conocen la prestación pero sí tendrían acceso a ella-.
Siguiendo este razonamiento, este año, la expectativa es que la partida del IMV vuelva a ensancharse tras haberse revalorizado la nómina un 9%. De hecho, según la nota de Ejecución presupuestaria de febrero, el gasto en IMV ya ha crecido casi un 20% (un 19,55%) en comparación con el mismo mes del año pasado a pesar del buen momento que vive el empleo en España.
El Ingreso Mínimo Vital, creado por Real Decreto-ley 20/20203, es una prestación económica que tiene como objetivo principal prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Para ello, la prestación garantiza un nivel mínimo de renta que cambia según el tipo de hogar e incrementa por número de miembros. La prestación además es compatible con otras rentas. Según el diseño inicial de la prestación, el IMV plenamente desplegado llegaría a 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con un gasto público estimado de en torno a 3.000 millones de euros al año. A cierre de 2024, el gasto anual previsto se superó por 854,67 millones. Sin embargo, según las últimas cifras disponibles, para llegar a la población objetivo, todavía faltarían 146.521 hogares.
El aumento del gasto en el IMV es paradójico al llegar en un buen momento para el empleo. El total de afiliados cumple ya un año por encima de los 21 millones; mientras que el paro registrado sigue en mínimos en 17 años. «Un aumento en el gasto del IMV podría ser indicativo de que hay más personas que requieren apoyo económico, lo cual suele ocurrir cuando existen condiciones de desempleo elevado o trabajos precarios.» explica el presidente de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández Bravo.
