El Gobierno no da detalles aún sobre los recursos que se movilizarán; no obstante, en el sector asegurador estiman que las cuantías liberadas para las personas físicas damnificadas superarán los 18.000 euros por solicitante, en los casos más graves y directamente afectados. En cuanto a las destinadas a personas jurídicas el baremo con el que Gobierno estaría trabajando ronda los 9.200 euros por firma.
De momento, es difícil hacer cálculos sobre los costes de un siniestro que todavía no está extinguido por completo,. Con todo, existe un precedente semejante que permite hacer unas primeras aproximaciones. Se trata de la también muy grave oleada de incendios sufrida por España en el año 2022, la más grave en nuestro país desde los años 90, en la que se quemaron 310.000 hectáreas. La superficie calcinada en agosto de 2025 ya supera ese número, con 380.000, pero los expertos creen que aún permite establecer conjeturas razonables.
Más difícil es fijar paralelismos con las acciones que tuvieron que tomarse tras la devastadora Dana de finales de 2024. El grado de destrucción alcanzado entonces no tuvo parangón con ningún desastre natural previo del que se tengan registros. En consecuencia, las ayudas por persona damnificada escalaron al entorno de los 72.000 euros por damnificado.
De cualquier forma, el escenario previsible para esta ocasión , las indemnizaciones por persona contemplarán múltiples complementos que incrementarán su cuantía final. Es el caso de los recursos que se destinarán a la construcción de viviendas, para las que se podrían dedicar hasta 15.120 euros por destrozo total de la vivienda. Por otra parte, también se tiene en cuenta la inversión para la rehabilitación de los hogares que hayan visto afectada en su estructura más básica, y que equivaldrán hasta el 50% de su valoración técnica, con un máximo de 10.320 euros. Por su parte, también se destinan 5.160 para daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, 2.580 por destrucción o daños de enseres domésticos; y 9.224 euros por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
A todo ello, habrá que sumar las medidas que cada ministerio podría adoptar con el objetivo de aliviar las consecuencias del incendio a los afectados, como ayudas en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina; beneficios fiscales –exención del IBI, del IAE o del IRPF, entre otras–, o ayudas directas a corporaciones locales para reparar infraestructuras de dominio público.
Teniendo en cuenta que en el año 2022, la superficie quemada por los incendios en todo el ejercicio fue de 306.555 hectáreas, y que en los ocho meses de 2025 ya se ha superado esa superficie a falta de cuatro meses para finalizar el año, el desembolso por parte del Gobierno y la batería de medidas a disposición de las regiones y personas afectadas pueden ser más cuantiosas.
Se trata de una tendencia que podría marcar las futuras catástrofes naturales, como ya ocurrió el pasado mes de noviembre con la Dana, para la que el Consorcio de Compensación de Seguros destinó 3.311 millones de euros –esta catástrofe concentra más cuantía que las 11 anteriores para las que más dinero se había destinado–.
Si bien es cierto que la mayoría de los incendios en 2025 han sido provocados, la situación derivada del cambio climático dificulta cada vez más la extinción de los mismos, lo que hará –en los próximos años– que el coste al que tendrá que hacer frente el Estado para frenar y mitigar los efectos los desastres naturales, si no se toman las medidas adecuadas a tiempo, puedan ir en aumento.
Al igual que hace tres años cuando el Gobierno declaró zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas asoladas por los incendios, el Ejecutivo ha vuelto a recurrir al artículo 23 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que una zona catastrófica no debe delimitarse únicamente al área en el que afecta, sino que hay que valorar «que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población […] o cuando se produzca la paralización […] de todos o algunos de los servicios públicos esenciales». Por este motivo, Pedro Sánchez anunció el pasado lunes en la localidad extremeña de Jarilla que el próximo martes, en el Consejo de Ministros, las localidades afectadas por los incendios serán declaradas zonas catastróficas. Se trata de una medida que tiene que salir adelante con el apoyo del Consejo y que proponen los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas y del Interior.
Una vez que se apruebe la declaración, la ley establece que es el Estado el encargado de la reparación tanto de los desperfectos materiales que se hayan causado por el desastre natural, así como del responsable de las ayudas que se pondrán a disposición tanto de las empresas como de los ciudadanos afectados.
Por otra parte, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) estima en más de 600 millones las pérdidas derivadas de la ola de incendios para el campo. Todo ello, teniendo en cuenta la última actualización de Agroseguro que certifica la pérdida de 19.100 las hectáreas de cultivo por el fuego. «La situación es catastrófica», aseguró el responsable de Medio Ambiente de COAG, Fatás, quien ha indicado que la situación está llevando al sector a pérdidas que aún valoran, pero que ya estiman por encima de esos 600 millones de euros en cultivos tanto leñosos, como pastos y asentamientos apícolas, entre otros. La agricultura y ganadería necesitarán «todo el apoyo» de las administraciones, y pidió que el campo esté presente en las negociaciones que pueda haber de cara al pacto de Estado para mitigar la emergencia climática.
