En el foro ‘Modernización de la contratación pública: modelos colaborativos’, organizado por ‘El Economista’, el ‘número dos’ de Puente ha asegurado que la colaboración público-privada en la inversión de infraestructuras «tiene claramente futuro», si bien la ha restringido a los contratos más complejos y ha pedido no caer en errores del pasado, como los que hubo en la concesión de algunas autopistas.
«Pensamos que la colaboración público-privada tiene claramente futuro, no estamos cerrados en ningún caso a avanzar en este modelo colaborativo. Somos conscientes de que esto puede afectar solo a algunos contratos, los que tengan una mayor complejidad y un mayor volumen de inversión, pero seguramente va a ser la única manera de que podamos seguir avanzando en infraestructuras al ritmo que nos exige la sociedad», ha argumentado. Santano también ha pedido un gran acuerdo de país para que se puedan hacer reflexiones como la que el ministro Puente hizo recientemente sobre los peajes sin que sea aprovechado por el rival político como «un arma arrojadiza contra el que gobierna».
«Esa reflexión que ha abierto el ministro, que puso sobre la mesa algo que lleva mucho tiempo, necesitaría de un gran acuerdo político para que no se convierta en una permanente arma arrojadiza contra el que gobierna, que hoy somos nosotros, pero que mañana serán otros, porque las decisiones en materia de infraestructuras tienen un recorrido, una reflexión, y deben tener un nivel de acuerdo básico mucho mayor del que hoy existe», ha añadido.
En el mismo evento, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha pedido la participación del Ministerio en la implementación de modelos colaborativos en su calidad de mayor promotor de obra civil de España. Núéz ha explicado que hay dos variables determinantes en el beneficio socioeconómico de toda infraestructura: su plazo de ejecución y su coste económico, para cuya consecución el sector privado y el público se alinean, maximizando el valor del proyecto en los estándares técnicos de sostenibilidad y de calidad definidos por el órgano de contratación.
«Tiene ventajas como fomentar una mayor transparencia durante la ejecución del contrato, al posibilitar la adopción de modelos de libros abiertos, contribuyendo a una mayor certidumbre de los costes y de la verificación del precio del mercado real, o la ventaja de reducir la litigiosidad entre las partes, acudiendo para ello a figuras como la mediación o el arbitraje», ha defendido.
