Con este apoyo, el Gobierno ha aprobado este martes un decreto temporal con el que reformar la actual ley. El acuerdo se basa en un reparto aupado por tres pilares entre los que destaca el de que «el reparto se realizará entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido a inmigrantes o que han hecho un esfuerzo menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña», según ha explicado la formación que preside el prófugo de la Justicia en un comunicado.
De esta manera, Cataluña se garantiza así recibir un volumen mínimo de menores en comparación con otras regiones, ya que del reparto de unos 4.000 menas que se encuentran actualmente en Canarias esperando destino, solo 20 o 30 irían a Cataluña. Otras comunidades, como Madrid, recibirían más 700 menores, según ponen de ejemplo en el acuerdo.
El pacto incluye, además, que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener –como es el caso de Cataluña– reciban también una compensación económica «adecuada». «Solo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible», señala Junts. Igualmente, la formación independentista ha señalado que se trata de una medida que servirá «tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en las tareas de integración y para ofrecer oportunidades de vida a los menores».
Según han comunicado a EFE fuentes de la negociación, el decreto supondrá una solución «real y permanente» a la situación de territorios frontera como Canarias, que tutela en la actualidad a 5.800 jóvenes, aunque la forma en que se llevarán a cabo estas derivaciones «se irá ajustando cada cierto tiempo a la situación real».
Así las cosas, se trata de una medida «estructural, definitiva, reglada y obligatoria de acogida de niños en todas las comunidades», precisan las fuentes, que se irá adaptando en función de la presión inmigratoria del momento y la capacidad de acogida de las comunidades
