La publicación en el BOE de la prórroga de la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables ha tenido lugar un día de estos con la publicación del Real Decreto ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. De esta manera, se establece la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de este año. Es una prórroga que lleva aprobándose desde 2020 y una medida que, según los juristas, no solo “dilata en el tiempo” la problemática, sino que genera inseguridad a los propietarios.
Y es que esta prórroga no hace más que generar inestabilidad y una inseguridad jurídica constante. Y es que el Real Decreto, primero derogado por no haber acuerdo entre partidos por otros motivos y finalmente aprobado, deberá convalidarse en el plazo de un mes. Lo,previsible es que así ocurra y en ese momento los propietarios tendrán que asumir una carga que corresponde a la Administración y que se prolonga desde 2020.
El problema es que,“se ha hecho una norma que solo, contempla los problemas de una de las partes y que por lo tanto necesita ser modificada ya que solo se está consiguiendo instrumentalizar la palabra ‘vulnerabilidad’ sentando un mal precedente para aquellas personas y familias que sí se encuentran en una situación desesperada. La rentabilidad no solamente depende de la relación entre los ingresos y la inversión realizada, también hay que valorar un componente fundamental: el riesgo. A más riesgo, más rentabilidad exigida.
Por eso lo único que todo este embrollo ha generado es que, el sector terciario (oficinas, locales y garajes) siga siendo una buena opción de inversión que requiere de más conocimiento y experiencia, además de contar con una demanda más acotada. Además, estas inversiones no están tan reguladas por parte de la Administración y, al tener menos carga de riesgo, su rentabilidad ajustada es más alta que otras opciones de inversión más allá de la inmobiliaria residencial.
Pero la inversión en vivienda para uso, o alquiler se resiste y caerá por los riesgos que comporta, por mas que los torpes gobernante se empeñen en los contrarío y todo ello sin mencionar la enorme subida de la, presión fiscal que este tipo de inversiones presenta con los nuevos cambios fiscales puestos en marcha por el gobierno Sánchez, IRPF incluido..