Además, ha subrayado que su puesta en marcha provocaría «graves perjuicios» en diversos asuntos, y «especialmente en la lucha contra el fraude fiscal» y «en el funcionamiento de la Agencia Tributaria» En una entrevista en Canal Sur Radio ha añadido que desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado piensan que ese «régimen nuevo» para Cataluña «es inconstitucional», porque «la Constitución regula los regímenes especiales del País Vasco y Navarra», mientras que «el resto de comunidades autónomas», incluida la catalana, queda dentro de «lo que se llama el régimen común».
En esa línea, el portavoz de la asociación de inspectores ha denunciado que «este concierto económico supone sacar a Cataluña de ese régimen común, atribuyéndole la cesión del 100% de los impuestos recaudados» en la comunidad autónoma, algo que, según ha incidido, «no está previsto ni en la Constitución ni en la ley orgánica que desarrolla el sistema de financiación de comunidades autónomas, la Lofca».
Sobre «los graves perjuicios que se producen en el funcionamiento del sistema tributario» con ese concierto, José María Peláez ha comentado que «se rompería el sistema de información tributaria básico para, por ejemplo, hacer las devoluciones de renta, los censos tributarios, comprobar las actividades económicas», además de que «se rompería el sistema de caja única».
«Pero sobre todo estamos alarmados por las consecuencias graves que se producirían en el funcionamiento de la Agencia Tributaria» con este concierto, ha continuado señalando el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha remarcado que el acuerdo entre el PSC y ERC contempla «el traspaso de todos los funcionarios, todos los medios materiales, todos los ordenadores, todos los edificios, absolutamente todo lo de la Agencia Tributaria» estatal «a la Agencia Tributaria catalana», lo que «supone la desaparición de la agencia tributaria estatal de Cataluña, el fraccionamiento» de la misma.
Y eso, según ha abundado José María Peláez, «produciría graves perjuicios económicos, sobre todo en la lucha contra el fraude fiscal, que se vería perjudicada», además de que la «prestación de servicios sociales» también «se va a ver resentida», en tanto que la Agencia Tributaria «se utiliza como un órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado», y «a través de las deducciones paga ayudas a madres trabajadoras o el Ingreso Mínimo Vital», entre otras prestaciones, según ha relatado.
Respecto a la lucha contra el fraude fiscal, ha abundado que los inspectores lo combaten «utilizando fundamentalmente la información» que existe «en la base de datos de la Agencia Tributaria», y «en el momento en que esto se llevara a cabo, Cataluña va a tener su propia base de datos tributaria», algo que «ya ocurre en el País Vasco y Navarra», según ha apostillado.
El portavoz de la asociación de inspectores ha agregado que dicho colectivo, cuando persigue «fraudes, sobre todo los sofisticados», como «tramas de facturas falsas», que son investigaciones «complejas y que duran mucho tiempo, no podemos distinguir entre comunidades autónomas», porque las organizaciones que se dedican a ello «crean varias sociedades» por distintas regiones.
«En el momento que, por ejemplo, Cataluña cree su base de datos tributaria y no tengamos información de las empresas, de los administradores, de la actividad económica que se hace allí, automáticamente todas esas investigaciones se van a ver perjudicadas», por lo que «tenemos clarísimo que, sobre todo el fraude sofisticado, se va a ver perjudicado», según ha aseverado Peláez.
El portavoz de la asociación de inspectores ha sostenido además que, «de aplicarse», este concierto «rompería los principios de igualdad y solidaridad» entre españoles, de forma que «habría regiones de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda». Ha detallado que, «redondeando», Cataluña recauda actualmente de tributos propios, como Sucesiones, Patrimonio o Transmisiones Patrimoniales, unos 5.000 millones», y «el Estado, con el actual sistema de financiación de comunidades autónomas, que es común e igual para todas», atribuye a Cataluña «otros 21.000 millones».
«O sea, actualmente Cataluña tiene de ingresos 26.000 millones en términos igualitarios con el resto de comunidades autónomas», mientras que, con el «régimen» que se implantaría tras el acuerdo entre el PSC y ERC, «pasaría a recaudar 53.000 millones», en tanto que «se queda el 100% de los impuestos recaudados» en la comunidad autónoma, «justo el doble» de lo que ingresa ahora, y «esos 26.000 millones que deja de recaudar el Estado» y que recaudaría la comunidad catalana irá «en detrimento y en perjuicio del resto de comunidades autónomas», ha advertido José María Peláez.
El portavoz de la asociación de inspectores de Hacienda ha apuntado que, «desde que se empezó a hablar del acuerdo en noviembre para la investidura del presidente de Gobierno», Pedro Sánchez, entre Junts y el PSOE, «saltaron todas las alarmas», y desde entonces «no hacemos más que movernos, pedir reuniones» con el Ministerio de Hacienda, si bien ha lamentado que el secretario de Estado de Hacienda, Gascón, «no ha querido recibirnos en todos estos meses, y por supuesto la ministra» del ramo, Montero, «tampoco».
Ha precisado que con el PSOE sí mantuvo la asociación una reunión «allá en el mes de marzo, cuando la Generalitat de Cataluña sacó o publicó ese documento de financiación singular de Cataluña, y vinieron a decirnos que éramos unos alarmistas, que esta situación de excepción del 100% de los impuestos no se iba a producir nunca».
«La propia ministra de Hacienda ha estado durante meses negando que iba a existir un concierto económico con Cataluña», y señalando que «la vía habitual o normal sería un consorcio paritario entre la agencia tributaria estatal y la catalana», pero «justo cuando se firmó el acuerdo, a mediados de julio, ha cambiado de opinión y ahora quieren resaltar los efectos favorables de ese acuerdo», ha continuado señalando Peláez, quien ha remarcado que «nadie ha puesto de manifiesto una sola ventaja de la aplicación de este concierto económico con Cataluña», mientras que, por el contrario, «los expertos, incluidos los inspectores de Hacienda, en nuestros documentos, hemos puesto de manifiesto muchísimos defectos y perjuicios que se va a producir si esto se llega a replicarse».
