Los independentistas se comprometen a cambio a votar la investidura de Sánchez y dar estabilidad a la legislatura española.
El documento, de cuatro folios, incluye tres puntos de antecedentes, acuerdo histórico, y acuerdos, en los que incluyen la ley de amnistía, cuyos beneficiarios se delimitarán en una comisión de investigación del Congreso sobre los casos de lawfare, y la revisión de la financiación autonómica. Entre los acuerdos, el compromiso de adoptar una «metodología de negociación» que permita «dotar de certeza» la negociación con un «mecanismo de acompañamiento internacional».
El pacto es, de hecho, un listado de desacuerdos entre PSOE y Junts, que parten de la defensa por parte de los independentistas del 1-O y la declaración de independencia. Así, los independentistas defienden que en el ámbito del reconocimiento nacional Junts «propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación» amparándose en el artículo 92 de la Constitución. EL PSOE, por su parte, apunta que «defenderá el amplio desarrollo» del Estatut de 2006 y el despliegue y respeto a las instituciones de autogobierno «y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña».
Respecto a la amnistía, que defienden para «procurar la plena normalidad política, institucional y social», finalmente se supera el escollo de quién será beneficiario del acuerdo apuntando que «las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía». El acuerdo hecho público este jueves por los dos partidos no incluye el articulado de esta ley de amnistía.
Las negociaciones se habían bloqueado en los últimos días por el alcance de la ley de amnistía negociada a tres bandas por PSOE, ERC y Junts. Los de Puigdemont reclamaban la inclusión en esta amnistía de dirigentes independentistas y personas del entorno del ex president que ha su juicio han sido víctimas del lawfare del Estado en contra del independentismo. Se trata de nombres como la presidenta del partido, Laura Borràs -condenada por prevaricación y falsedad por su actuación al frente de la Institución de las Letras Catalanas- el abogado Gonzalo Boye -imputado por blanqueo junto al narcotraficante Sito Miñanco- o el responsable de la Oficina del ex president, Josep Lluís Alay -investigado en las causas de Voloh y Tsunami Democràtic-.
En otro orden de cosas, el acuerdo fija además el compromiso de negociar una nueva financiación para la Generalitat. Junts «propondrá» la modificación de la Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para crear una «cláusula de excepción» para Cataluña que «reconozca la singularidad» de su sistema institucional y «facilite la cesión del 100% de los tributos» que se recaudan en Cataluña.
En este punto, el PSOE «apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado». Y se compromete a un «diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación de Catlauña». Los socialistas ya se comprometieron con ERC a la condonación del 20% del FLA y a crear una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para renegociar la financiación autonómica.
El pacto establece además la «ampliación» de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales.
