Sin embargo, y con toda urgencia y utilizando X el propio Pérez Rey ha tenido que desmentir que el Ministerio se abriera a este extremo.
La sindicalista indicó que la tramitación parlamentaria del proyecto hará que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales se aplique ya para el año 2026, mientras que el tramo previo, el recorte desde las 40 horas actuales a las 38,5 horas, llegará para el año 2025, lo que supondría retrasar un año los planes del Gobierno. «Por mucha prisa que nos demos en el proceso de negociación, falta un trámite parlamentario que, bueno, pues si conseguimos que sus señorías se pongan del lado de la ciudadanía y voten a favor de la reducción, será un trámite corto, pero también podemos situarnos en una posición distinta y el procedimiento puede ser un poquito más largo», reconoció la secretaria de acción sindical y empleo del sindicato que dirige Unai Sordo.
Ante el enfado de la ministra, Pérez Rey desmintió cualquier vínculo de su departamento con esta apreciación tras difundirse que Trabajo se abría a retrasar un año la reducción de horas de trabajo semanales. Las palabras de Vicente abonaron el terreno del encontronazo. Tanto ella como el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Luján, indicaron además que lucharán para alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año y aseguraron que no permitirán que la reducción del tiempo de trabajo se quede «en vía muerta» porque «nos la han vendido como la estrella de la legislatura».
En concreto, Luján pidió al Gobierno tomar posición sobre la medida, ya que las negociaciones llevan más de 9 meses, aunque lo deseable sea el acuerdo tripartito. Así, aprovechó para recalcar que el registro horario y desconexión digital son otras cuestiones importantes dentro de la medida, porque se siguen generando más de 6 millones de horas extras semanales, de las cuales 2,6 millones no se abonan ni se disfrutan, lo que supone un «hurto» por parte de las empresas de 3.000 millones de euros en horas no cotizadas. Tras concluir la reunión de diálogo social sobre reducción de jornada, Pérez Rey aseguró haber percibido «un cambio de tono» en las organizaciones empresariales, con una actitud «más constructiva», y sigue confiando en alcanzar un acuerdo a tres bandas en el que estén CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
Tras un encuentro de casi cuatro horas, Pérez Rey explicó que el Gobierno ha delimitado «con mayor precisión» los elementos que forman parte de esta negociación: rebajar la jornada a 37,5 horas semanales, regular el derecho a la desconexión digital, el registro horario telemático y un plan de acompañamiento para pymes.
Dicho plan, que contempla bonificaciones al empleo fijo que generen las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de la reducción de jornada, ha sido concretado «de manera más precisa» por parte del Ministerio, pero Pérez Rey no quiso entrar en el detalle «por respeto» a la negociación.
«Las organizaciones patronales, que son las más reticentes a aceptar la reducción de jornada, han aceptado valorar la propuesta que les hemos trasladado. No voy a ser muy preciso con ella por respeto a la confidencialidad de la negociación», insistió el secretario de Estado de Empleo. No obstante, pese al mayor optimismo del Ministerio de Trabajo, fuentes de la CEOE indican que se han vuelto a oponer a la reducción legal de la jornada. Asimismo, estas mismas fuentes, aseguraron que en la mesa de negociación no se ha concretado por escrito «ningún planteamiento de los avanzados en la última reunión».
La próxima reunión de la mesa de reducción de jornada tendrá lugar el próximo 11 de octubre, según han desvelado los representantes de las organizaciones sindicales, que han subrayado que aunque no se ha puesto una fecha tope para poner fin a las negociaciones, no pueden durar «sine die». «En la próxima reunión tiene que haber avances considerables para que podamos pensar que hay posibilidades de avanzar», ha declarado Vicente.
