Magistrados titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer de varios puntos de España señalan que es «falso» que el Poder Judicial no diera traslado de las incidencias detectadas. Al contrario, aseguran que eran conocedores del asunto desde hace meses y que la voz de alarma se ha dado tanto desde los juzgados como de algunas fiscalías y de las unidades policiales.
Muchos juzgados alertaron del asunto ante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para que llegara al Ministerio. Del mismo modo, confirman que la magistrada Ángeles Carmona, que presidía el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el momento de los hechos, también lo puso en conocimiento del Ejecutivo ante el grave riesgo de las víctimas con el fallo de las pulseras telemáticas. «Me consta que avisó. Y las actas están ahí», dice uno de los togados.
Con todo, los jueces quieren dejar claro que en ningún caso las víctimas han estado desprotegidas y recalcan que no se puede crear alarma social porque provocará sensación de indefensión entre las denunciantes, cuando no es real. No obstante, reconocen que es un hecho empírico que en los últimos meses ha disminuido drásticamente el uso de este instrumento por parte de algunos jueces que, ante las sospechas generadas, optan por medidas más gravosas contra los maltratadores en aquellos casos en los que se vislumbre un riesgo real.
La polémica en relación con las pulseras telemáticas afecta tanto a la gestión de la exministra de Igualdad Irene Montero, como a la actual responsable del departamento, Ana Redondo. El problema con este sistema se remonta a finales de 2023, cuando el departamento de Montero abrió un concurso público para licitar el servicio que hasta el momento había controlado Movistar. Hasta entonces, la geolocalización se realizaba a través de Telefónica, mientras que el dispositivo se alquilaba a un ente externo; en concreto, a una empresa israelí.
La nueva licitación, presupuestada en 50 millones de euros, fue a parar a la UTE Vodafone-Securitas, por ser la que más puntuación obtuvo. Pero no fue el único cambio, ya que el Ministerio de Montero decidió prescindir de los dispositivos que hasta entonces se alquilaban a la empresa de Israel y se acordó que el Ejecutivo los compraría directamente. Las voces consultadas recuerdan que ya entonces se alertó de que el material de los nuevos aparatos era de una calidad muchísimo menor.
«Los anteriores sistemas eran de muy buena tecnología. Consistían en una pulsera anidada al tobillo con un cierre de seguridad bastante efectivos», afirman. Es más, advierten de que las nuevas pulseras adquiridas por el Ministerio de Irene Montero se han localizado a la venta en distintas plataformas de venta online chinas. «No estamos diciendo que los hayan comprado allí, sino que esos dispositivos están en esas plataformas», precisan. Una de ellas sería la web de comercial online Aliexpress.
«En febrero de 2024 empezamos a observar los fallos»
Estas modificaciones generaron dos problemas especialmente graves: el primero fue la pérdida de datos de quebrantamientos de condena de maltratadores entre los meses de octubre de 2023 y marzo de 2024 y, el segundo, la bajada de calidad de los dispositivos que propició en algunos casos que los investigados se la pudieran retirar. La peor calidad derivó también en falsas alarmas y pérdida de señal. La consecuencia directa con el primero de los problemas fue el archivo de aquellos procedimientos donde se le imputa al agresor únicamente el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Los jueces, al no poder acceder a los datos que gestiona el centro Cometa, tuvieron que optar por archivos y absoluciones. Con todo, lo más preocupante para los togados fue el cambio de dispositivos, ya que disparó las incidencias, provocando que muchas víctimas no quisieran recurrir a este sistema.
«A partir de febrero de 2024 empezamos a observar que estos nuevos dispositivos empiezan a fallar en cuanto a que no dan una localización exacta del agresor. A veces se pierde la batería y en otras ocasiones vemos que es fácil de manipular por parte del agresor. En ese momento avisamos al Observatorio del CGPJ de que algo estaba fallando con las pulseras y que eso provocaba un gran desasosiego para las víctimas», reza una de las voces consultadas.
Otra juez asegura que dieron inmediatamente la voz de alarma. «Lo mandamos a la Delegación de Gobierno para que quedara constancia», dice. Al hilo, recuerda que las pulseras nunca han sido un instrumento infalible ya que, cualquier sistema que funcione con geolocalización, suele generar problemas. En ese sentido, la exdiputada socialista Ángeles Álvarez explica en declaraciones a este medio que ella misma presentó una treintena de preguntas a Dolors Monserrat durante su etapa como ministra de Igualdad, en 2018, por los continuos fallos de las pulseras telemáticas.
«El sistema funciona, pero los dispositivos no son infalibles», precisa, a la par que recuerda que hay un hecho «incontestable» y es que no ha habido un solo asesinato de mujeres que han portado este sistema. «No hagamos basureo político con esto (…). Los problemas han estado ahí de manera permanente. Lo que sí es criticable es que el contrato que firmó Irene Montero es peor», incide. A su alegato se suman también los jueces expertos en esta materia que lamentan que las mujeres ya no se fían de este mecanismo. «Que las víctimas no se preocupen. Los jueces no nos la jugamos. Antes las pulseras eran la antesala de la prisión y ahora ante dudas decretamos prisión directamente. La valoración es distinta. Por eso es importante que no entren en pánico», afirman.
Pero son especialmente críticos con la actual ministra del ramo, primero por decir que el Poder Judicial no le avisó de estas incidencias y, segundo, por apuntar que los fallos han provocado menos del 1% de archivos de causas. «Da igual que el porcentaje sea un 1%. Como si es un 10%. El asunto es que se está perdiendo el testimonio esencial», lamentan.
La tesis de Redondo choca con lo defendido en un primer momento por la Fiscalía General del Estado, ya que en su última memoria anual advirtió de «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» con el cambio de pulseras. Tras el estallido del escándalo suavizaron el tono asegurando que se trataron de problemas «puntuales» y que «las víctimas estuvieron protegidas en todo momento».
Moncloa, por su parte, precisa que el sistema da cobertura a 8.600 personas (entre víctimas y agresores) y que más de 4.500 mujeres tienen actualmente el dispositivo activo. Al hilo, aseguran que si un dispositivo falla se avisa «de inmediato a la víctima» y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, dicen que el problema ha quedado resuelto y que en 2025 no ha habido incidencias. Los jueces, sin embargo, no dicen lo mismo.
