Todas las entidades habían movilizado a sendas Carreras, esta semana, tras una primera protesta frente al Tribunal Supremo, el pasado 28 de junio, contra las reformas que el Gobierno acelera para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF), al entender que suponen «un ataque al Estado de Derecho». «Nuestro objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial (…) siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de Justicia», han incidido en el comunicado.
Tres de cada cuatro jueces y fiscales han apoyado la huelga contra el Gobierno y arrastran a su asociación más afín a las críticas
María Jamardo «Esta huelga responde a unas reformas tramitadas -inexplicablemente- por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al fiscal general del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal», han continuado.
Y, para ello, critican abiertamente los planes por los que se prepara «la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen ‘ad hoc’» que implicará un temario más reducido y la presentación de un dictamen práctico cuya valoración responde a criterios subjetivos que terminan con la igualdad de oportunidades para los actuales opositores y futuros aspirantes.
Tal es así que, si bien en un primer momento las dos asociaciones profesionales más afines al Gobierno se desmarcaron de la huelga, ayer mismo, se pronunciaban públicamente contra este programa de «estabilización» de jueces sustitutos a los que se «está privilegiando». Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -de la que fue presidente el actual fiscal general Álvaro García Ortiz- han manifestado su malestar con el enfoque de las últimas enmiendas, en este sentido, hasta el punto de que la entidad de la Carrera fiscal ha amenazado, directamente, con recurrir a «medidas de conflicto» si el Ejecutivo persiste.
Asimismo, han criticado que, «a pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio de Justicia» no ha hecho nada por «evitar esta situación». «Resulta inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España», han destacado los representantes de los jueces y fiscales.
