Castro ha denunciado la vulneración del principio de igualdad de armas respecto de García Ortiz, al asegurar que todas las diligencias impulsadas por el instructor de la causa estaban encaminadas a sostener una «idea preconcebida» de la culpabilidad de su cliente y no a «buscar pruebas de descargo».
«Así», ha criticado la letrada que no se admitieran diligencias «muy relevantes» como una ratificación de los informes de la UCO en los que se basó el magistrado para imputar a su cliente y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien finalmente se archivó la causa; pero, también, ha asegurado que el fiscal general ha sido «víctima de una presunción de culpabilidad» que ha devenido en numerosas irregularidades durante la práctica de las pesquisas, por lo que ha pedido «anular el material obtenido en los registros», clave para la causa.
Y ello, pese a que como resultado del ‘borrado’ de los mensajes, no se pudo obtener ninguna evidencia directa de las actuaciones de García Ortiz, durante los días claves para el procedimiento, de sus dispositivos móviles en los que no se encontraron rastros de las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año.
Sin embargo, la nulidad de las actuaciones ha sido, también, secundada por la Fiscalía, representada por la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde que, además, ha pedido que se eliminen del procedimiento las «comunicaciones de la fiscal provincial de Madrid», Pilar Rodríguez, quien estuvo coimputada con su superior.
Unos mensajes que, en su caso, fueron incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un registro de su despacho, simultáneo al «allanamiento» todavía más lesivo, que los agentes practicaron en el de García Ortiz, al que se «negó» una copia de todo lo clonado como resultado de dicha actuación; y, que en consecuencia, ha aseverado que partió de una «ficción» de Hurtado que «no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico».
Para la defensa de García Ortiz «las irregularidades cometidas en la instrucción» fueron «tantas» que el fiscal general «ha sido sometido a un proceso injusto»
Desde el estrado, donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales, subordinados directos, que reivindican también su inocencia, al lado del propio García Ortiz –togado, ya que conserva su condición de fiscal general– quien ha empezado negando su culpabilidad, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta: «¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?». «No», ha contestado tajante y conciso García Ortiz.
Para su abogada, Castro, García Ortiz «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles» en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier «otra alternativa».
De tal suerte que la fiscal Sánchez Conde se ha sumado a la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que «ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa,(…)» y algunos «medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general».
La fiscal ha avalado igualmente la entrega de la pericial de parte, «tanto para demostrar los motivos que pudiera tener el fiscal general para proceder a borrar ciertos datos personales, habida cuenta de la trascendencia que ha tenido su divulgación; como para acreditar que el borrado de su teléfono móvil puede no tener ninguna relación con esta causa al no saberse cuándo se pudo hacer».
Tras esta especie de alegato, el abogado de González Amador
ha rebatido, en contestación a la defensa de García Ortiz, tanto la «indefensión» del acusado como su presunta falta de «igualdad de armas» que parecen «pre constituir» pruebas para el Constitucional
El abogado Gabriel Ramos, encargado de la representación jurídica de la acusación particular que ejerce González Amador, se ha opuesto al intento de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de «pre constituir pruebas» para un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una presunta vulneración de los derechos fundamentales de García Ortiz, durante la instrucción de su causa, cuando, todavía, se está celebrando hoy la primera de las sesiones del el juicio que ha llevado al fiscal general del Estado a sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos.
Así las cosas, Ramos ha dejado en evidencia el alegato de las doble defensa pública del titular del Ministerio Público, durante las cuestiones previas planteadas por ambas al Tribunal, para impugnar la legalidad del auto dictado por el juez Hurtado en relación al acceso de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al despacho de García Ortiz.Frente a las denuncias «abstractas» de los letrados del fiscal general, el abogado del novio de Díaz Ayuso ha recordado que cuando se dictó dicho auto, el 30 de octubre de 2024, el instructor «alzó el secreto de las actuaciones» y se facilitaron a las partes las resoluciones de la causa, precisamente, para evitar cualquier vulneración de sus derechos como investigado o «indefensión» en los términos planteados por la «falta de igualdad de armas».
Pese a ello y a ser un dato esencial, ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía «variaron sus recursos contra dicho auto», ha recordado el abogado Gabriel Ramos. «Si uno busca su indefensión ¿Qué tutela pretende?», ha espetado. En la misma línea se han pronunciado la acusaciones populares de Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todas ellas han impugnado las razones de la Abogacía del Estado ya que, sostienen, la «incautación» de los móviles de García Ortiz fue una parte más de la investigación «necesaria», como ya explicó, en su día, el magistrado instructor, cuya instrucción consideran «modélica», frente a las constantes «contradicciones» de la defensa.
Tampoco ha desaprovechado la ocasión de cargar contra los dos letrados que defienden al fiscal general, el letrado que actúa en representación del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por navegar el terreno de lo «abstracto» para sembrar dudas sobre las actuaciones previas que han llevado a García Ortiz al banquillo, este lunes. De hecho, esta parte, personada inicialmente como denunciante ha recordado en la sala que el derecho de defensa es «sacro» y que la invocación a una vulneración del derecho de la intimidad del fiscal general, sin referencias concretas a dónde se ha perpetrado, ha sido «en vano».
«La queja» formulada por la Abogacía y la Fiscalía «es ajena al procedimiento», ha sostenido el abogado del ICAM, en tanto en cuanto, «las filtraciones» de datos como el domicilio de García Ortiz o del contenido de un mensaje concreto de sus cuentas de correo son, en todo caso, consecuencias extraprocesales que no generan la nulidad de las actuaciones«con cuya petición han arrancado las defensas. Además, ha recordado que el despacho profesional de un cargo público, como es el caso, no se considera »domicilio personal porque no es morada«. Y ha insistido:» Lo que no se puede es sustituir el criterio del instructor por el propio de la Fiscalía y la Abogacía, de acuerdo con sus intereses, porque no es serio en términos procesales».
Salto: «Dijeron que el interés del caso era la relación de González Amador con la presidenta de Madrid»
Cuatro conformidades negociadas en tres años y medio. Éste es el balance que resume el contacto habitual entre el abogado de González Amador, Neira, con el fiscal Julián Salto –inicialmente asignado a las diligencias de investigación pre procesales sobre el empresario madrileño, administrador único de la sociedad Maxwell Cremona– y, nunca, hasta entonces, se había visto envuelto en una espiral de petición «urgente» de informaciones al respecto de un posible pacto de conformidad.
Salto ha sido el primer testigo citado a declarar en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador y, hasta en dos ocasiones, ha referido que el «interés» del caso, en sí mismo, derivó de la «condición» de pareja sentimental del investigado con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
«Si en este asunto no hubiese estado implicada» la pareja de Isabel Díaz Ayuso, «no constaría de ninguna especialidad» o «enjundia» suficiente para elevarlo, en virtud del mecanismo interno de «dación de cuentas», previsto en el artículo 25 del Estatuto, hasta la Fiscalía General del Estado.
De hecho, el fiscal ha apuntado que «no solo» todo apuntó a que se trataba de una causa en la que «íbamos a llegar a una conformidad» porque, en principio «no era un asunto de mucha enjundia, ni de mucha trascendencia» sino que, además, «me dejó un poco sorprendido que me preguntasen por el expediente de Maxwell Cremona», hasta que me indicaron que el titular de la empresa «tenía una relación sentimental con la presidenta» madrileña.
Mientras no conoció el detalle del dato, para Salto se trataba de un procedimiento «básico», castigado con entre 1 y 5 años de prisión, en el que el investigado estaba predispuesto «a reconocer los hechos y a pagar la cantidad presuntamente defraudada», atendiendo en avance la «responsabilidad civil derivada de dicha cuantía» que, cabe recordar, asciende a un total de 350.000 euros.
El fiscal Salto Torres ha relatado, además, cómo el 2 de febrero de 2024 fue el abogado Neira quien le escribió a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para ofrecerle la posibilidad de un acuerdo. Ya, unos días más tarde, el 7 de marzo, le «llaman» desde la Fiscalía Provincial de Madrid y le «preguntan» sobre el estado de situación del asunto de González Amador. Le «sorprendió», ha reconocido, mientras la fiscal decana no le comentó que el implicado en el expediente «mantenía una relación sentimental» con Díaz Ayuso.
Sin embargo, no será hasta la noche del 13 de marzo, asistiendo a un partido de fútbol de Champions del Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, cuando recibió hasta tres cuatro llamadas distintas para consultarle a «qué nos habíamos comprometido» con el abogado Neira. Salto confirmó que se había limitado a responder, como tantas otras veces, la propuesta de un letrado, y atender las meras negociaciones con las que se inician todos los acuerdos que, ha recordado, «si no se ratifican en sede judicial, posteriormente», no tienen ninguna validez..
Alto atendió tanto a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien «no me transmitió urgencia alguna», ni tuvo inconveniente en postponer la conversación hasta el día siguiente; y, a la fiscal provincial Pilar Rodríguez que, por el contrario le apremió, porque «el fiscal general no puede esperar». Salto ha confesado que pese a las limitaciones, se puso manos a la obra desde su móvil, dentro del evento deportivo, con todas las limitaciones de un entorno en el que se concentraban «miles de aficionados» y donde «los datos móviles» no eran los mejores.
