Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha asegurado, en su declaración como testigo en el Supremo, que el fiscal general del Estado, le propuso firmar una nota de prensa conjunto el 15 de marzo de 2024, un día después de la publicación, a su vez, de la nota de prensa del Ministerio Público que desmentía la información sobre el pacto ofrecido a la defensa de González Amador, en el marco de la causa por la que está siendo investigado por dos delitos fiscales. Se trataba de «minimizar» el impacto de daños provocados por el comunicado emitido unas horas antes desde la Fiscalía Provincial de Madrid, de acuerdo con el testimonio prestado por Ribón, esta mañana, en el cuarto día del juicio que se celebra contra García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. De acuerdo con la versión prestada por Ribón, el objetivo de ese texto común era poner «paños calientes» sobre el comunicado de la Fiscalía, que había generado una «honda preocupación» en el ICAM, tras conocer el contenido del texto sobre el que la fiscal Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía de Madrid, quien asumió la autoría del mismo, tal y como ha recordado el decano.
Se trataba, por lo tanto, de mostrar, de cara a la opinión pública, la existencia de «un clima de cordialidad» entre la Fiscalía General del Estado y la Abogacía madrileña, neutralizando así la «inquietud exacerbada» que dicha actuación suscitó en la Junta de Gobierno del ICAM que, cabe recordar, desde entonces declaró en suspenso la aplicación de la normativa vigente para la aplicación de los pactos de conformidad, para todos sus colegiados.
Por su parte la jefa de la Inspección Fiscal, Sanz Gaite, ha declarado en el Alto Tribunal, citada como testigo, que la razón por la que no inició ningún expediente interno para aclarar lo sucedido, localizar el posible origen de la filtración o depurar responsabilidades al respecto, fue porque «no dio tiempo». Sanz Gaite ha contado que su departamento recibió una denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo y que el 19 se abrió un expediente gubernativo. Pocos días después llegó otra denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que dio lugar a un segundo expediente, aunque ambos fueron posteriormente unificados. Según su testimonio, la Inspección tuvo conocimiento de que la Fiscalía de Madrid había iniciado otro procedimiento y, poco después, de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se había declarado competente para investigar los hechos. Ante esa situación, dictó un decreto para declarar en suspenso el expediente interno. “No hubo tiempo de hacer nada. Cuando empezábamos a instruir ya se estaba abriendo la investigación penal”, ha explicado a los jueces del Supremo. La fiscal ha añadido que no se realizó comunicación pública alguna sobre el asunto, más allá de informar a Manos Limpias y al ICAM de que el expediente quedaba suspendido.
Mas adelante, el ex subdirector de El País y actual director adjunto de eldiario.es, Romero, ha declarado que «nunca tuvo el mail del 2 de febrero», en referencia al correo electrónico que el letrado del novio de Ayuso remitió a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid donde admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». El testigo, que ha mantenido un duro interrogatorio con el abogado del empresario González Amador, que ha obligado al presidente del tribunal a intervenir en distintas ocasiones, ha manifestado que él conocía que la defensa de la pareja de Ayuso había ofrecido un acuerdo de conformidad al Ministerio Fiscal aunque «nunca» accedió a la literalidad del mismo. Romero fue el periodista que decidió acudir al notario a realizar un acta de manifestaciones de sus mensajes telefónicos en favor de la defensa del fiscal general del Estado, García Ortiz.
Por otro lado, el ex subdirector de El País ha declarado que antes de que el fiscal general pudiera recibir los correos electrónicos de la defensa de la pareja de Ayuso «ya estaba diciendo que González Amador reconocía los delitos», asegura.
A lo largo del abrupto interrogatorio Romero ha tenido que admitir que el 13 de marzo de 2024 a las 22:38 horas El País publicó la falsedad que difundió el jefe de Gabinete de Ayuso, Rodríguez, señalando que el posible pacto de conformidad había sido parado porque al fiscal «le habían prohibido negociar» con la defensa de González Amador.
Por su parte, el periodista de la Cadena Ser Campos ha declarado previamente en el juicio que el fiscal general del Estado no fue la fuente que le proporcionó el correo clave de la confesión. «No» ha sido su última respuesta de la hora que ha pasado declarando, a una pregunta de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz. Acogiéndose al derecho a no revelar sus fuentes, ha rechazado informar al tribunal de quién le proporcionó el mail, al que según su versión tuvo acceso poco después de las tres de la tarde del 13 de febrero de 2024.
La fijación de esa hora exoneraría al fiscal general, que recibió el mensaje esa noche a las 22.59 horas y al que la UCO atribuye un papel preeminente en la filtración. Las acusaciones ha cuestionado que ya dispusiera del mensaje, del que no informó hasta que EL MUNDO reveló esa noche un mensaje en que la Fiscalía se avenía a una conformidad con González Amador.
El periodista ha explicado que su fuente le exhibió el correo en su despacho y le dejó copiar su literalidad, pero no le permitió informar de ello. «Me dijo que había datos que afectan a la intimidad», fue uno de los motivos que le dio para ello. El testigo ha indicado que, cuando desde la emisora le llamaron para avisar la noticia de EL MUNDO -donde se informó de la negociación del novio de Ayuso con Fiscalía- se puso a llamar a muchas fuentes, entre ellas el propio fiscal general, que no cogió el teléfono.
