La convocatoria, que se dio a conocer esta misma semana, fue recibida con críticas por parte de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que afearon al equipo de Llop que fijara fecha en el calendario para tratar la subida de los LAJ mientras se mantiene en pie el conflicto con los funcionarios que el pasado 17 de abril empezaron una huelga con paros parciales y que encrudecieron el 22 de mayo con paros totales.
Desde el Ministerio de Justicia, sin embargo, las fuentes consultadas por Europa Press aclararon que esta reunión formaba parte de los pasos necesarios para formalizar el acuerdo alcanzado con los LAJ, por lo que entraba dentro de lo previsto. En concreto, las fuentes subrayaron que se había convocado a la mesa sectorial para informar a los sindicatos del acuerdo alcanzado con las asociaciones de LAJ. «Es un paso previo y necesario» antes de que el mismo se eleve al Consejo de Ministros, detallaron.
Finalmente, la mesa sectorial se ha desconvocado a última hora, aunque de momento no ha trascendido cuál ha sido el motivo para este cambio. Lo cierto es que la desconvocatoria tiene lugar después de que los representantes sindicales aseguraran que la acción del Ministerio sobrepasaba «todos los límites aceptables del respeto a los trabajadores y a la ciudadanía», al tiempo que recordaron que el acuerdo con los LAJ era «uno de los detonantes de la huelga del resto del personal».
Así, desde el comité de huelga de funcionarios exigieron al Gobierno que desautorizara de forma «inmediata» a la ministra Llop y al secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez», y reclamaron al resto de partidos políticos que dieran «una reacción clara en contra de esta agresión».
En ese punto, el comité de huelga insistió en que la reunión para negociar el real decreto que habilitará la subida retributiva de los LAJ se «negoció con sus asociaciones al margen los sindicatos», que son los «únicos legitimados para la negociación colectiva». «Para el comité de huelga y para el personal de Justicia es un insulto inaceptable más de este Ministerio y de este Gobierno y, por este motivo, denunciamos y rechazamos firmemente esta convocatoria y exigimos que se suspenda cualquier negociación mientras no se aborde la solución negociada al conflicto en Justicia», reclamaron.
Además, reclamaron explicaciones al Ministerio de por qué la retirada de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa –que quedó paralizada con la disolución de las Cortes Generales– «no afecta a la subida de los LAJ y sí que les impide formular propuesta retributiva al resto del personal de la oficina judicial». «El Ministerio de Justicia tiene que explicar a la ciudadanía por qué llegó a un acuerdo económico sustancioso con jueces y fiscales anteponiendo esta negociación a la nuestra», aseguraron.
Los funcionarios reclaman una serie de reivindicaciones que incluyen una subida salarial de hasta 430 euros brutos al mes y la redefinición de sus funciones, así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa –que, al igual que otros proyectos legislativos, ha decaído por la convocatoria anticipada de elecciones generales–.
Hasta ahora, se han celebrado tres reuniones entre el Ministerio y el comité de huelga de los funcionarios. En ninguna de las tres se ha debatido una oferta económica; en la última, Justicia ofreció a los sindicatos el compromiso de retomar la negociación una vez superadas las elecciones del 23 de julio y conformados los gobiernos autonómicos y central. El comité de huelga rechazó este ofrecimiento y optó por encerrarse en la sede del Ministerio, aunque tres días después abandonó el edificio avisando que el conflicto aún no ha terminado.
