Por cierto, esa situación no es la del ex lendakari López que disfruta de una mas que cómoda situación pero que cada día que pasa sufre un mayor deterioro de su imagen como político de cierto porte democrático porque como fiel portavoz del sanchismo se tiene que tragar y defender a capa y espada, las mayores barbaridades antidemocráticas que se han visto en los últimos tiempos y lo que aún le queda, porque Sánchez es de los que muere matando y los escarceos que se avecinan irán incrementando esa dosis de acuerdos , decretos y/o proyectos de ley a cual mas de tendencias bananeras que permitan al líder sortear los límites que le imponen los usos y costumbres de índole democrático.
En ese ambiente, ya real, no es de extrañar que hoy bajo las siglas socialistas, pero de marcado carácter sanchista haya llegado al Congreso una propuesta de ley de las que atufan y que supondrá, primero una dura batalla de desgaste y un nuevo deterioro de la imagen del viejo partido que fundó hace más de un siglo Pablo Iglesias, porque su único objetivo es silenciar a los jueces.
Es evidente que en los últimos meses, desde la Moncloa se ha tratado de hacer añicos la independencia del poder judicial, para de esa manera hacer y deshacer según el antojo del ocupante de la Moncloa y señora.
Al no lograrlo por el camino ordinario de cortar cabezas, la estrategia que ha de defender López pasa por prohibir ciertos movimientos o actuaciones de terceros bajo el pomposo título de Proposición de Ley Orgánica «de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas».
Bajo esa denominación se pretende apartar a los magistrados que realicen declaraciones en favor de partidos políticos, ya que es algo considerado como «judicialización de la política» y con la que se corre el riesgo de «desembocar en una politización de la Justicia».
Y esta nueva ley, nada menos que orgánica, ¿por qué o para qué?
Muy sencillo. Desde que el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Peinado, abriera una causa contra la mujer del presidente del Gobierno, desde el PSOE y el Ejecutivo han criticado que el caso surgiese a partir de «recortes de prensa». Además, también han reprobado en numerosas ocasiones que «organizaciones ultraderechistas» como Manos Limpias, ejerzan la acusación popular.
Visto de otra manera. Ante el cúmulo de destrozos que los sanchístas están cometiendo es necesario tapar como sea cualquier posibilidad de investigación y enjuiciamiento que les lleve a la cárcel.
Y para ello, la reforma legal de la que hablamos prevé expresamente que los cambios legales se apliquen a los procedimientos judiciales en marcha. Si así fuera, y dado que en ambas causas la Fiscalía no ve indicios de delito, el instructor estaría obligado a acordar el archivo si lo pidiera el Ministerio Público, aunque eso sí, las acusaciones populares podrían al menos recurrir el sobreseimiento.
Y aquí paz, y después gloria.
