Inicialmente, el objetivo de esta entidad era la gestión tanto los de tributos propios de la Generalitat como los cedidos por el Estado, pero en los años previos al procés –y con Oriol Junqueras, líder de ERC, como consejero autonómico de Economía– la ATC se presentó como una «herramienta de Estado» clave para el nacimiento de la futura república catalana. Días antes de las dos declaraciones unilaterales de independencia, en octubre de 2017, Junqueras llegó a afirmar que el IVA del último trimestre del año se pagaría ya en la ATC. Asimismo, una de las líderes de la CUP, Reguant, dijo que tras la declaración de independencia prevista para el 9 de octubre de 2017 se «procedería a un corralito para evitar la fuga de capitales de Cataluña». Estas tomas de posición por parte de los dirigentes políticos independentistas fueron la espoleta que provocó la salida de Cataluña de más de 30.000 millones en depósitos bancarios.
Cuando el Senado acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que intervenía de facto la administración catalana, la ATC paralizó su actividad. Pero después de que Quim Torra fuese elegido presidente de la Generalitat, tras las elecciones de diciembre de 2017, la nueva administración catalana puso en marcha la reactivación de la ATC.
Una de las primeras decisiones que se tomó por parte de los dirigentes independentistas, que gestionan la Agencia Tributaria Catalana, fue ampliar los objetivos y actividad de la misma para cumplir el objetivo manifestado por Junqueras antes del golpe de 2017 relativo a que la ATC fuera el único ente recaudador de impuestos existente en Cataluña. Para conseguirlo, por un lado, se ha presionado a Ayuntamientos y se ha usado la toma del poder por parte de ERC de las diputaciones provinciales de Tarragona, Lérida y Gerona para que las oficinas de recaudación municipal o provinciales cedieran sus competencias a la ATC. Además, la Agencia Tributaria Catalana tuvo un impulso muy importante antes de los tumultos de otoño de 2017 al romper la Generalitat el contrato que mantenía con los registradores de la propiedad como oficina de recaudación, y asumir la ATC sus funciones.
El líder del PSC, Illa, mientras interviene el presidente de la Generalitat, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Durante el pleno, se debate una proposición de ley de Junts contra la ocupación de viviendas para que comunidades de vecinos y ayuntamientos puedan pedir el desahucio de pisos ocupados conflictivos de grandes tenedores en caso de que los dueños no lo hagan. El pleno comienza con una sesión de control al presidente de la Generalitat, la primera después de que el Govern haya logrado un pacto, en este caso con el PSC, para la aprobación de los Presupuestos 2023.
Esa asunción de competencias permitió a la Generalitat profundizar en su objetivo de que la ATC sea percibida como oficina de referencia en materia de recaudación a la vez que le permitió incorporar centenares de trabajadores cualificados y con experiencia procedentes de los Registros.
Tanto el Gobierno Torra como el actual con Aragonés ha seguido la política expansiva de la Agencia Tributaria Catalana inaugurada por Junqueras. Durante el año pasado la ATC añadió a su plantilla 120 técnicos tributarios y 20 inspectores llegando, así, a 900 empleados repartidos por casi 40 oficinas a lo largo de toda Cataluña y otros 137 puntos de asistencia incorporados a oficinas autonómicas o municipales. El objetivo cuando se creó, por parte de los socialistas, la ATC en 2008 era que 10 años más tarde contará con 200 oficinas. Pero esta expansión no ha podido alcanzarse aún; no solo por el parón derivado de la suspensión de la autonomía, sino por la inestabilidad política de Cataluña.
Si bien el servicio recurrente de la ATC es el relativo a la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones, exento en otras CC.AA, la ATC se ha tomado muy en serio lo que ellos consideran política antifraude. De esta manera, han realizado desde su fundación más de 41.000 acciones –con una sanción media de 5.000 euros– y han perseguido a las empresas catalanas deslocalizadas fiscalmente en otros lugares de España; habiendo multado a 73 de ellas por su deslocalización entre 2015 y 2019.
La ATC, dentro del objetivo político del Gobierno catalán de ser agencia integral y única en Cataluña, lleva seis años ofreciendo un servicio gratuito de gestión de la declaración de la renta. Este servicio atendió, según datos de la Generalitat, a más de 15.000 personas en 2022 y espera superar las 20.000 el presente curso.
