En el auto fechado del pasado 11 de junio, José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, admite a trámite la querella al reconocer la existencia de indicios del presunto delito. Naturgy, por su parte, ha rechazado las acusaciones y asegura que trabajará para probar que ha actuado en todo momento «con pleno respeto a la legislación».
La asociación de consumidores Facua se ha pronunciado sobre el proceso legal a través de su perfil en redes sociales y ha anunciado que solicitará personarse como acusación. En el caso de que esta afirmación se materialice, la organización repetiría el papel que ya cumplió en el juicio contra Iberdrola Generación España por la paralización de varias de sus centrales hidráulicas, que culminó con una sentencia absolutoria para la energética. Entre otras diligencias, el magistrado insta ahora a Naturgy a aportar el organigrama del órgano de administración de la sociedad desde marzo de 2019 hasta el día de la fecha, indicando la identidad de las personas físicas que lo integran en el referido periodo.
La Fiscalía relata un delito contra el mercado y los consumidores de energía eléctrica por incrementar de forma abusiva los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. En su escrito, la Fiscalía destacaba que la subida de precios coincidió con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del covid-19, y con ello Naturgy habría obtenido un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros.
Según la Fiscalía, Naturgy abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos y, «de modo consciente y deliberado» adoptó una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia. Todo ello generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en ultimo término, para los consumidores de energía eléctrica, que es un servicio económico de interés general, indica la Fiscalía.
Por su parte, fuentes de Naturgy niegan que la energética española manipulara jamás el precio del mercado eléctrico, y recuerdan que el propio Tribunal Supremo le ha autorizado recientemente a cerrar diez de sus plantas de generación por no resultarle rentable actuar en ese mercado. En concreto, añaden, en el periodo investigado por la CNMC, la central de Sabón registró pérdidas. Por todo ello, avisan de que la compañía realizará «todas las actuaciones procesales precisas» para demostrar que siempre ha actuado con pleno respeto a la legislación. Las mismas fuentes puntualizan, finalmente, que la querella se basa en un expediente sancionador previo de la CNMC recurrida ante la Audiencia Nacional, y que, por tanto, a día de hoy, no es firme.
