A la reunión han asistido la vicepresidenta Calviño; el gobernador y subgobernadora del Banco de España, Hernández de Cos y Delgado, y asociaciones de consumidores y mayores. Las asociaciones bancarias han detallado los esfuerzos realizados en las zonas rurales según el informe anual de seguimiento: se ha habilitado acceso a servicios bancarios en 443 municipios, lo que beneficia a 162.641 personas, que ya disponen de un punto de acceso presencial en su municipio. Así, la población que reside en un municipio sin punto de acceso en España ha pasado del 1,4% en 2021 al 1% en 2022. En los 243 municipios de más de 500 habitantes identificados al inicio sin acceso a efectivo, con datos hasta marzo pasado, 139 cuentan con una solución prevista, ya 2 3 ejecutada o en proceso. Esto supone una reducción del 57% de los municipios, con 124.000 personas que se han beneficiado de las medidas tomadas. Asimismo, el sector está avanzando en los trabajos técnicos para la creación de un cajero de marca blanca para la España rural, por si fuera necesario para complementar el resto de las medidas ya tomadas.
Una medida novedosa fruto del esfuerzo conjunto de las entidades y de su compromiso de ofrecer servicios financieros en todo el país. Por otro lado, el informe anual de seguimiento de la atención personalizada a los mayores refleja el resultado de las medidas concretas aplicadas por el sector bancario: • 6,3 millones de personas de más de 65 años se han beneficiado del horario ampliado del servicio de caja en las oficinas, de 9 a 14 horas, lo que supone el 81% del total de sucursales. • 2,4 millones de llamadas han sido atendidas a través de un gestor personal. • 70.000 empleados de banca han recibido formación específica para ofrecer una atención más adaptada a los mayores. • 91% de cajeros y más del 80% de páginas web se han adaptado con vista y menús simplificados. En este ámbito se han acometido otras iniciativas, como una encuesta de satisfacción en la que más del 70% de los mayores se ha mostrado satisfecho con la atención bancaria recibida a través de diferentes canales. También se ha reforzado la difusión de las medidas dirigidas al colectivo de mayores con el reparto de folletos informativos en sucursales bancarias y canales digitales.
El sector bancario también ha reafirmado su compromiso con la formación en educación financiera y competencias digitales, con nuevas iniciativas. El objetivo es facilitar el acceso a conocimientos y habilidades que ayuden a todas las personas a tomar decisiones financieras con un mayor grado de información, así como operar en todos los entornos y canales disponibles, y acceder de forma segura a servicios públicos y privados. Asimismo, las asociaciones han puesto en valor el Código de Buenas Prácticas acordado en 2022 para aliviar la carga hipotecaria de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad ante la subida de los tipos de interés oficiales y defendido su carácter preventivo.
Como respuesta, Calviño pone a la CNMC a vigilarles
La vicepresidenta Calviño, anunció que ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre “si hay factores que estén afectando a los incentivos de la banca para remunerar los depósitos”, con la colaboración del Banco de España.
La titular de Economía, además, no ha descartado que tras el análisis haya cambios normativos para forzar a las entidades. “Hemos encargado el estudio a Competencia y después, eventualmente, veremos si es necesario algún cambio legislativo”. Es decir, o cambia la estrategia de precios o amenaza con regularlo por ley.
De esta forma, el Ejecutivo da un paso más para tratar de forzar al sector a que comience la guerra por el pasivo. Según los últimos datos disponibles del BCE, de abril, las entidades nacionales pagaron de media un 1,33% a los hogares por los nuevos depósitos a plazo de hasta un año, muy por debajo del 2,27% que se anotó la zona euro. Y supone la mitad de la rentabilidad que se ofrece en otros países europeos como Italia (3,11%) o Francia (3,03%).
Sobre esta cuestión, la presidenta de la CNMC, Fernández, reclamó hace una semana más herramientas para poder investigar la escasa rentabilidad que se está ofreciendo. Y aseguró estar sorprendida por el hecho de que la banca no aproveche la baja remuneración del ahorro para captar clientes. “Me cuesta mucho ver que los bancos no quieran ganar cuota de mercado”, dijo en Santander. Según Fernández, el problema en el sector financiero español es que existe una especie de oligopolio transparente. Esto es, a las compañías les basta con mirar lo que hacen los demás y adaptarse sin necesidad de pactar precios de forma explícita. “Tenemos un agujero en nuestras herramientas para controlar esta situación, que es una colusión tácita”, aseveró.
Las patronales bancarias —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)—, por su lado, han incidido en que no pueden entrar en la política de precios de cada entidad. Y han preferido no valorar la amenaza de posibles cambios legislativos si no crece la remuneración del ahorro de las familias. “No tenemos más información que lo que hemos escuchado hoy. Es muy difícil hacer una valoración”, ha dicho Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.
Méndez, director general de CECA, tampoco ha querido opinar sobre esta cuestión: “No tenemos nada que decir”. Aunque ha asegurado que el sector ayudará en dicho estudio: “Vamos a colaborar en todo lo que nos pidan. Existe un grado de competencia muy alto en el sector financiero español”.
Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha criticado sin ambages la estrategia comercial del sector. “Falta competencia por el proceso de concentración bancaria tras la crisis de 2008. Hay una especie de pacto de no agresión y por eso evitan remunerar más los depósitos”, ha afeado Suárez.
Otro de los temas principales que ha centrado la reunión ha sido la revisión de cómo está funcionando el plan de rescate para hipotecados en apuros por el repunte de la subida de tipos (y del euríbor). Calviño ha cifrado en 33.000 las solicitudes entre enero y mayo, tanto a la actualización del Código de Buenas Prácticas en vigor desde 2012 como al nuevo protocolo temporal para las familias en riesgo de vulnerabilidad. “Hay que hablar con enorme cautela todavía y está pendiente de la verificación del Banco de España. Con los datos preliminares, las solicitudes se reparten principalmente entre la ampliación del plazo del préstamo, con congelación de las cuotas, y el cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo”, ha detallado la vicepresidenta económica del Ejecutivo.
De estas solicitudes, un 40% está todavía en tramitación. Por ello, el Gobierno no ha detallado el número de hogares beneficiados por el momento, y deja que sea el Banco de España quien lo cifre. Además, fuera del marco del código, se han producido acuerdos de refinanciaciones en 29.000 hipotecas. Es decir, no se han acogido al protocolo aprobado a final del año pasado, pero sí han renegociado con su entidad para paliar el efecto del incremento de la cuota hipotecaria tras la subida experimentada por el euríbor.
Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha avanzado su propuesta de revisar el Código de Buenas Prácticas, para que sirva como red de auxilio a más familias, tras un número de peticiones menor del esperado. “Hemos propuesto la ampliación de hasta tres años en los créditos hipotecarios a tipo variable para primera vivienda”, ha anunciado. De esta forma, se trataría de reducir la cuota mensual que pagan estos hogares, aunque estas posibles modificaciones se han aplazado a después de verano.
Tanto el sector como el Banco de España han frenado esta propuesta, que se podría enmarcar dentro de las promesas electorales con los comicios a solo tres semanas. “Sería prematuro cambiar en este momento los códigos y por eso nos hemos emplazado a septiembre para seguir trabajando en estos protocolos”, ha reconocido Calviño. Así, Ejecutivo y sector financiero han acordado dejar pasar estos meses para dar tiempo a los acuerdos y que se culmine la traslación de la subida de tipos. “Eso nos obliga a mantenernos alerta y reforzar las medidas establecidas”, ha avisado la vicepresidenta, que vuelve a advertir a la banca de que está dispuesta a abrir la negociación para ampliar los requisitos y que estas ayudas lleguen a más familias.
Las medidas aprobadas el pasado noviembre se dividen en dos protocolos: uno, mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, donde se añadieron medidas para las unidades familiares que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas), que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como la tasa de esfuerzo. Estas familias podrán optar a un periodo de carencia de cinco años del capital con un tipo de interés reducido.
Por otro lado, se sacó adelante un nuevo código para familias en riesgo de ser vulnerables con rentas de hasta 29.400 euros, cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, se haya aumentado al menos un 20%. Estos se podrán acoger a una congelación de la cuota durante 12 meses, alargar también hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un tipo de interés menor sobre el principal aplazado.
Sobre el nivel de solicitudes, el número queda muy lejos de lo previsto cuando las negociaciones vieron la fumata blanca. Entonces, en noviembre, el Ejecutivo calculó que este escudo social beneficiaría a hasta un millón de familias endeudadas. Sin embargo, meses después, el Banco de España calculó que esa red, si se toman los datos históricos de adhesión a este tipo de protocolos, llegaría de forma efectiva solo a cerca de 200.000 familias.
Este menor impacto se explica, según el Gobierno y el sector financiero, por una mejor evolución de la economía española y la fortaleza del mercado laboral. Además, “la situación de partida de los hogares está más saneada que en otros periodos de subidas de tipos”, afirmo Calviño.